La causa en la que se investiga un megafraude al Estado por parte de funcionarios del Ministerio de Economía sigue su curso. Esta semana, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de 13 personas por el pago irregular en 2007 de 54 millones de pesos a un grupo de empresas de seguros extrajeras basándose en fallos de de jueces ingleses y galeses cuando la Justicia argentina había desestimado esas resoluciones.

Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler confirmaron ayer los procesamientos y los embargos para Juan Cayetano Intelisano, Yolanda Eggink, Duilio López, acusados como “autores” del hecho. También se confirmaron los procesamientos como “partícipes necesarios” de para Silvia Macchi, Carina Azcano, Hernán Rodríguez Vagaría, Natalia Osores, Jorge Rodríguez, Darío Morresi, Jorge Pallavicino, Walter Bonavera, Juan Holjevac y Juan de Azar. Todos ellos están acusados de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y habían sido procesados seis meses atrás por el juez Sergio Torres.

El caso explotó en enero de 2009: Intelisano había firmado en diciembre de 2007 una resolución por la cual se le pagó a Accolade Pool una suma cercana a los 54 millones de pesos de una supuesta deuda de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, deuda que la Justicia argentina desconocía. Se supone que el dinero fue desviado a las cuentas de Jorge Pallavicino, Jorge Enrique Rodríguez y Darío Morresi a través de varias maniobras ilícitas.

El miércoles, la Cámara ratificó lo actuado por Torres pero agregó algunas puntas más. En la resolución a la cual accedió LPO, los camaristas hicieron hincapié en las manifestaciones de la defensa de Intelisano en las que implican al ex síndico de la Nación Claudio Moroni, ahijado político del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

“No pueden soslayarse esas manifestaciones por lo que se torna necesario ahondar en la pesquisa para deslindar la posible responsabilidad que podría caberle a los funcionarios de la Sindicatura en el hecho”, propone la Cámara.

Según la defensa de Intelisano, éste “extremó las medidas tendientes para asegurar la legalidad del pago, poniendo como ejemplo la solicitud que le hizo a la Sindicatura a fin de que determinase la legalidad”.

“Desde allí se determinó un dictamen favorable a la legitimidad de la deuda”, dice la defensa de Intelisano en referencia a la nota que Moroni firmó el 2 de septiembre de 2007. De todos modos, en el escrito, los camaristas sólo hacen regencia a Moroni al momento en que dictó una nota acerca de la competencia de autoridades en el caso.

Con todo, el más complicado es “Yani” Intelisano, ex director General de Administración de Economía. Según la Cámara, “carece de sustento el argumento de su defensa relacionado con que el nombrado extremó medidas tendientes a asegurar la legalidad del acto”.

Además, su “comportamiento irregular generó la disposición de fondos públicos a través de una maniobra que fue perpetrada con una alto grado de discrecionalidad”.