Sin avances en la investigación por malos tratos en el Ipesa

Ya pasaron ocho días desde la denuncia sobre presuntos maltratos y abusos de menores en el Instituto de Resocialización y en los Hogares de Varones y Mujeres. En Bienestar Social, otro día de silencio.
El fiscal Carlos Ordas confirmó ayer que, entre otras pruebas, pidió las historias clínicas de los menores internados

Instituto Provincial de Educación y Resocialización de Adolescentes y los libros con los registros de la entidad, para sumarlas al expediente donde se investigan los presuntos maltratos y abusos denunciados por operadores y personal profesional.

El funcionario judicial, en diálogo con este diario, detalló el listado de requerimientos que le entregó a la jueza instructora, Laura Armagno: los listados del personal que se desempeña en el Ipesa y los Hogares de Varones y Mujeres, los registros y las historias clínicas de los menores internados en el Ipesa y el organigrama interno de cada una de esas instituciones para determinar quién es quién. Hasta ayer a la tarde algunos de esos pedidos no habrían ingresado aún en el Juzgado de Instrucción 3.

Como algunos de esos informes requeridos por el tribunal aún no fueron respondidos por el Ministerio de Bienestar Social, en los hechos significa que todavía la justicia no dio un paso concreto para indagar en la gravísima denuncia. Tampoco desde el ministerio dieron señales, al menos públicos, de querer ir a fondo para saber qué pasa en el Instituto y en los Hogares.

Ayer trascendió que la idea de los investigadores sería empezar a citar personas, en carácter de testigos, una vez que la ministra Cristina Regazzoli entregue los organigramas. No obstante, el paso de los días da chances para ocultar documentación que podría ser de mucho interés. Los propios denunciantes reclamaron la semana pasada que la Justicia interviniera para que "no desaparezcan los informes y los libros de actas" del Ipesa.

La causa penal se abrió el día después que LA ARENA publicó la denuncia. El mismo día habían recibido copias de ese informe la jueza de la Familia y el Menor, María Cristina Baladrón, y el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes. Ambos se presentaron en la fiscalía de Ordas cuando la noticia era pública.

Un grupo de operadores detalló en ese texto los presuntos maltratos físicos, abusos sexuales y encierros con colocación de esposas que se cometen en perjuicio de los internos, y además la falta de abordajes terapéuticos adecuados y el encubrimiento de los presuntos delitos.

Más silencio.

La jornada de ayer volvió a ser infructuosa para este diario en sus intentos de dialogar con el director del Ipesa, Carlos San Miguel. Si bien la denuncia pública trascendió hace ocho días, el funcionario todavía no habló. La semana pasada estuvo de vacaciones, pero el lunes se reintegró a sus tareas y continuó con el silencio. Lo mismo ocurre con su superior, la directora provincial de Niñez y Adolescencia, Alicia Echeveste. En todo este tiempo, el único que habló fue el subsecretario de Política Social, Pedro Freidenberger, quien se mostró sorprendido y dijo que la denuncia le llamaba la atención.

Ayer, un equipo de este diario se acercó hasta el Instituto luego de múltiples intentos inútiles por contactar al director vía telefónica. Eran las 17.30. En el Ipesa se informó que San Miguel estaba en Casa de Gobierno, aunque no se precisó si en Niñez y Adolescencia o en la Subsecretaría de Política Social. En el Centro Cívico, el teléfono de la subsecretaría sonó insistentemente, pero nadie atendió. Tal hermetismo es llamativo frente a la gravedad de los hechos denunciados.

Regazzoli, que no ha atendido a LA ARENA, también se mostró sorprendida en declaraciones a otro medio y agregó, sin detalles, que dio intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y ordenó "algunas medidas complementarias y concretas para resolver la situación".

Simpson cuestionó falta de capacitación

El secretario general de ATE, Roberto Simpson, estuvo ayer a primera hora de la tarde en el IPESA para interiorizarse de la situación de los trabajadores del establecimiento actualmente investigado por la justicia a raíz de una denuncia por graves irregularidades.

Previo a su contacto con los empleados, el sindicalista le dijo a LA ARENA que "hace rato que venimos trabajando para poder capacitar a los operadores y hasta le ofrecimos (a Bienestar Social) los servicios de un equipo profesional (médicos y psicólogos) de Bahía Blanca, que ya había dictado cursos en otras provicias, como la de Río Negro; el tema quedó en "stand by" y con el tiempo se fue agravando la situación en el instituto".

Simpson aclaró que "los operadores realizan una tarea muy especial, que tiene aristas peligrosas y en las que se han mezclado las cosas; no es un lugar donde todos los días haya violaciones y atropellos, sí es de alto riesgo y donde habitualmente hay situaciones difíciles".

El titular de ATE cuestionó la poca capacitación recibida por los trabajadores del IPESA, que "sólo recibieron un curso muy livianito".

"Los operadores son administrativos, pero realizan un trabajo más cercano al de un penitenciario y no cuentan con un régimen específico por lo que se sienten desprotegidos al no tener asignados un rol y, menos aún, definiciones claras sobre cómo comportarse ante una crisis".

"Cualquier cosa que hagan es atacable, porque no está escrito en ningún lado; no hay un manual de funciones del IPESA".

Simpson hizo la salvedad de que está "en contra de cualquier actitud violenta", pero que debía entenderse que el instituto para los menores en conflicto con la ley "no es un lugar de detención, tampoco un lugar de adaptación y no tiene bien definida la actuación de los operadores".

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