El avance judicial preocupa a los recaudadores de los K

El avance judicial sobre los aportes financieros a la campaña de Cristina Fernández aceleró también los contactos entre los principales recaudadores kirchneristas. El ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, reanudó el diálogo con su padrino político Alberto Fernández, con quien se había distanciado. Hablaron el miércoles.
Según pudo reconstruir PERFIL, el legislador porteño Sebastián Gramajo, otro de los miembros de la Junta Promotora, se comunicó con Capaccioli para manifestarle su preocupación por la notoriedad que adquirió el tema en las últimas semanas. El legislador apenas pudo disimular su enojo.

"Capaccioli tampoco está demasiado tranquilo", confiaron allegados al ex funcionario. La semana pasada eludió dos guardias periodísticas montadas en la puerta del canal Gambling TV, en el que trabaja ahora. Desde que se tejió el nexo entre la mafia de los medicamentos y los aportes financieros a la candidatura de Cristina Fernández, Capaccioli esperó el llamado de un alto funcionario del Gobierno. Pero el teléfono no sonó.

El ex superintendente de Servicios de Salud es investigado por el juez federal Ariel Lijo por presunto lavado de dinero en los aportes de campaña. Y ahora el juez federal Noberto Oyarbide anticipó que lo citará por la mafia de los medicamentos.

Mientras tanto, la jueza María Romilda Servini de Cubría, que investiga la responsabilidad de Capaccioli, Gramajo y Hernán Diez, hasta ahora sólo tomó declaración indagatoria a Gabriel Brito, un empresario que aportó 310 mil pesos a la campaña de Cristina.

Según confiesan sus compañeros de bancada, Gramajo "está bastante preocupado". Hace pocos días el ex encargado financiero de la campaña les reveló las sospechas sobre un presunto "blanqueo de plata" en la recaudación K. Les dijo: "Yo sólo llevaba a los aportantes a certificar la firma ante un escribano. Nada más".

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