El STJ avaló el veto a Ley del Aborto No Punible

El STJ avaló el veto a Ley del Aborto No Punible

La Constitución Nacional dice en su artículo 38: "Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático". El Superior Tribunal de Justicia, en un fallo firmado por sus cinco ministros, le dio la espalda a ese precepto al rechazar la acción de inconstitucionalidad que presentó el Partido Socialista de La Pampa contra el veto del gobernador Oscar Mario Jorge a la ley que regula los casos de abortos no punibles y que se conoce como Ley Peppino.

¿Cuál fue el fundamento del rechazo? Que los partidos políticos no tienen "legitimación suficiente" para este tipo de acciones colectivas porque la discriminación social y/o por condición física es un asunto "extraño" a ellos.

La sentencia fue dictada el lunes por la presidenta del cuerpo, Rosa Elvira Vázquez, y los ministros Julio Alberto Pelizzari, Víctor Luis Menéndez, Eduardo Daniel Fernández Mendía y Tomás Esteban Mustapich, luego de que en octubre del año pasado los abogados Andrés Gil Domínguez y Miguel Palazzani -en nombre y representación del Partido Socialista-Distrito La Pampa- plantearan una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto 155/2007, mediante el cual Jorge vetó la ley 2.394, cuyo objeto fue "regular procesalmente la realización de los abortos no punibles en el ámbito de la provincia de La Pampa".

La Ley Peppino -conocida aquí porque fue impulsada por el diputado socialista Adrián Peppino- reglamenta el artículo 86 del Código Penal, que regula los casos de abortos no punibles: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer, o en caso de violación o de atentado al pudor a una mujer idiota o demente. Fue aprobada en noviembre de 2007 por mayoría.

Los demandantes fundamentaron su pretensión en el derecho fundamental a la salud integral y a la no discriminación motivada en el origen, condición física y social, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Provincial.

El procurador general Mario Bongianino también dictaminó en contra de la acción, aunque con otro argumento: que se cumplieron todos los plazos formales y que, en definitiva, la ley vetada volvió a la Cámara de Diputados, donde pudo ser tratada nuevamente y no lo fue. Se hubiera necesitado los dos tercios de la Legislatura para volver a aprobarla.

Fundamentos.

En sus considerandos, el S.T.J. sostuvo que "aunque la Constitución Nacional haya dispuesto en su artículo 38 que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático (...), ello en modo alguno les otorga legitimación suficiente e idónea para activar la instancia en un proceso como éste". Agregó que "ni la Constitución Nacional, ni la Constitución Provincial, ni ninguna otra norma legal contienen disposición expresa que permita legitimar a un partido político para promover una demanda como la intentada" y que "una tutela judicial como la que aquí se pide no puede ser concedida si no media 'un interés suficiente concreto' que legitime al actor a reclamarla; esto es, si el acto objetado no afecta los intereses legales del demandante en forma suficientemente directa, con inmediatez y realidad, lo que no acontece en éste caso".

Asimismo, el máximo tribunal pampeano expresó que "no aparece acreditado (por parte del Partido Socialista) un interés jurídico 'específico' y 'particular', sino un interés común como el de cualquier ciudadano. No se advierte la existencia de inseguridad perjudicial; tampoco la de una situación a partir de la cual, sin la sentencia declarativa sobre la validez de la ley cuestionada, sufrirían un daño actual. No se avizora un perjuicio concreto (...); todo lo que obsta a la legitimación de los accionantes".

Luego el fallo agrega un párrafo clave: "La actual Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298 le confiere a ellos el monopolio de las candidaturas y el poder de policía electoral. Por ello la legitimación ad caussam (sic) ha de vincularse con esos temas, y no a cuestiones como las ventiladas en autos, que tocan incumbencias políticas de los poderes del estado, a las que los partidos políticos -personas jurídico-públicas no estatales u organizaciones de derecho público no estatal-, son esencialmente extraños".

Lo paradójico es que la Corte Suprema admite que una acción colectiva puede ser planteada por una ONG (organización no gubernamental). Así lo dijeron Gil Domínguez y Palazzani en el amparo al recordar que la Corte, por mayoría, reconoció la legitimación procesal de la ONG Mujeres por la Vida, filial Córdoba, para promover un amparo con el objetivo de impugnar la constitucionalidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

El Superior Tribunal manifestó, además, que la acción declarativa de inconstitucionalidad resulta improcedente y le cuestionó al P.S. que presentara un amparo colectivo y no de un caso específico. Un detalle: cuando el S.T.J. declaró admisible la demanda ya sabía que se trataba de una cuestión colectiva. "No podrá decirse que este Superior Tribunal obstaculiza el acceso a la jurisdicción con meras cuestiones formales o un excesivo ritualismo", escribieron los cinco ministros.

Por último, los jueces remarcó que más allá de la amplitud que existe para el tratamiento de los amparos después de la reforma constitucional de 1994, "no se conocen casos en los que la Corte Suprema haya considerado a los partidos políticos dentro de los habilitados para interponer la acción, ni que haya asimilado a los mismos a 'las asociaciones'". Y citó como ejemplo una causa de agosto del año pasado donde a la Unión Cívica Radical se le rechazó una acción que presentó como partido político nacional.

"No tienen argumentos"

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez anunció ayer que, ante el rechazo de la acción de inconstitucionalidad, presentará un recurso extraordinario frente al S.T.J. para poder llegar a la Corte y que, si le fuese denegado, irá en queja. Su objetivo es que la Corte -quizá ahora a través de una ONG- trate las cuestiones formales y el fondo de la demanda.

"El Superior Tribunal rechazó la demanda por una formalidad, que un partido político no tiene legitimación procesal. Me pregunto: si la Corte permite que una ONG promueva una acción colectiva, con el único requisito de estar inscripta, ¿cómo no puede hacerlo un partido, que representa a la sociedad?", sostuvo Gil Domínguez.

Agregó: "Cuando un tribunal se escuda en argumentos formales es porque, en el fondo, sabe que el demandante tiene razón. Para mí los jueces no tenían argumentos válidos".

El abogado indicó que "nunca planteamos la acción en defensa de derechos individuales, sino de un interés colectivo porque hablamos de grupos vulnerables", acotando que "por ahora seguimos sin saber, si a través del veto del gobernador se violaron derechos fundamentales, especialmente de mujeres de escasos recursos".

La vetada ley 2.394 establece un protocolo para llevar adelante en los hospitales públicos los abortos no punibles, es decir los que permitidos por el Código Penal argentino desde 1921.

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