En medio de la polémica entre el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos, que denuncian una "ola de arrestos domiciliarios" durante la gestión del presidente Mauricio Macri, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra afirmó ayer que la reglamentación que establece la prisión domiciliaria "debe aplicarse" a los militares condenados por delitos de lesa humanidad que superen los 70 años de edad. En el Gobierno, en tanto, ratificaron la política de no apelar esas decisiones judiciales.

"La aplicación de esta regla (...) tiene que ser aplicada a todo el mundo por igual, que se trate de una aplicación más restrictiva cuando se trata de genocidas está mal. Debe ser para todos porque los derechos humanos tienen que tener una aplicación igualitaria, sea quien sea", afirmó Gil Lavedra en declaraciones radiales.

El integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares en 1985 coincide con la visión de buena parte del Gobierno sobre el tema. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, que encabeza Claudio Avruj, aclararon de todos modos que no hay una "moda" de concesión de prisiones domiciliarias a militares condenados.

Fuentes del Ministerio de Justicia aclararon que la cantidad de detenidos en esas condiciones subió de 441 en septiembre de 2015 a 462 a fines de junio. "El aumento, que es mínimo, se da de manera natural, porque van llegando a los 70 años y piden ese beneficio. El gobierno que venga va a tener más detenidos en esas condiciones", dijeron cerca de Avruj.

La no apelación de esas decisiones judiciales es vista como natural. "Respetamos las decisiones de la Justicia. El kirchnerismo, salvo casos emblemáticos, tampoco objetó la mayoría de los procesos judiciales que determinaron ese cambio de estatus", contestaron.