Aval legislativo al plan de viviendas de Jaque

Después de un arduo debate y con el apoyo del PD, se dio media sanción al proyecto oficialista y hubo alivio en el PJ por el éxito. Todo el cobismo votó en contra y su iniciativa no se trató.
A pesar de que el desenlace de la pelea ya estaba cantado, los diputados no ahorraron saliva y expusieron largo y tendido su postura respecto del proyecto para construir casas, que ayer obtuvo media sanción.

De este modo, el Gobierno consiguió una victoria política que implica dar el primer paso para crear un fideicomiso a través del Banco Nación que permitirá emitir valores de deuda por los 650 millones necesarios para edificar 7.700 viviendas en la provincia.

Con el apoyo del Partido Demócrata -que introdujo un artículo de su autoría para dar el visto bueno a la ley- y la presión de un par de sindicatos apostados en las barras, el oficialismo se adjudicó un punto con la aprobación de esta ley que estuvo complicada desde el principio.

Tanto que, hace un par de semanas, el Ejecutivo cambió el texto cuando el cobismo presentó un proyecto alternativo y todas las agrupaciones con representación parlamentaria aseguraron que no aceptarían un endeudamiento que pusiera en juego las regalías y la coparticipación provincial, además del dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), como preveía el plan inicial.

Con la oposición del Frente Cívico (formado por la UCR, el Confe, el ARI y el peronismo disidente) y la abstención del diputado justicialista disidente Daniel Cassia, la Cámara baja acordó dar el visto bueno al Ejecutivo con 26 votos a favor y 19 en contra.

Así, el Frente cobista fue derrotado políticamente y debió quedarse con la sensación de que la propuesta aprobada "terminará comprometiendo las futuras viviendas que se puedan construir en la provincia".

"Esto tendría que haber salido por unanimidad", se quejó el presidente de la Cámara, Jorge Tanús, tras la votación. Aunque desde la Casa de Gobierno definieron como "un éxito" la aprobación de la ley, en la Legislatura varias versiones apuntaban a que el gobernador Celso Jaque pretendía bajar el artículo fogoneado por el PD (ver aparte) y -por ende- toda la negociación previa.

Ahora, el Senado deberá ratificar la sanción de ayer para que el Ejecutivo se ponga en la cola para recibir los fondos de la Anses a partir de un acuerdo que también firmaron otras provincias con la Nación y cuya devolución se garantiza a partir del recupero de las cuotas pagadas por los beneficiarios y la constitución de un fideicomiso que tomará como garantía la hipoteca de cada casa. De este modo, se obtendrían fondos para comenzar a edificar un total de 7.700 casas, destinadas a la clase media, sin que se especifique en cuánto tiempo.

A la ratificación de los acuerdos firmados en febrero de este año, se sumó un artículo aportado por los demócratas que pide la creación de un fondo para construir viviendas sociales y rurales mientras que en el recinto también se agregó un aporte del diputado Ricardo Puga, quien pidió que ese dinero fuera descentralizado a los municipios.

Aunque el lunes había surgido la duda sobre si el proyecto implicaba, a pesar de las modificaciones, un endeudamiento por $ 650 millones, el justicialismo sacó a relucir un dictamen de la secretaría legislativa que descartaba esa posibilidad y por lo tanto no fueron necesarios los dos tercios de los votos para aprobarlo.

Sin embargo, hubo algunos cobistas que murmuraron sobre la posible inconstitucionalidad de una ley de ese calibre sancionada por mayoría simple.

Es que los integrantes del Frente reiteraron que existe un compromiso anticipado para obtener el financiamiento de la Anses y así utilizar una herramienta financiera para crear un fideicomiso. Por este motivo, los diputados cobistas sostuvieron su proyecto alternativo que apuntaba a la construcción sin costo financiero. Este proyecto se consideró como segundo despacho, pero -finalmente- no fue votado en la sesión.

Largos discursos

La sesión de ayer comenzó a las 12 y finalizó a las 17. Casi todos los diputados pidieron la palabra y se explayaron largo y tendido sobre la necesidad de una política de vivienda y -en general- de lo insuficiente de la ley que se estaba aprobando.

La presencia de los miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y de integrantes del SUTE -que en la última negociación salarial incluyó un porcentaje de casas para sus afiliados- tal vez influyó en la extensión de las alocuciones.

Las objeciones por parte del Frente hicieron hincapié en que Mendoza tendrá que subsidiar la cuota de los adjudicatarios debido a que serán mucho más altas de lo que corresponde a una vivienda social y de lo que, por ende, los beneficiarios pueden pagar realmente. El endeudamiento de la Provincia y el incumplimiento por parte de la Nación de subsidiar las mismas casas que ahora financia, fueron otros de los argumentos repetidos.

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