El STJ autoriza a fiscales a pedir informes a empresas telefónicas

Lo pueden hacer en relación a alguna causa que estén investigando, sin la necesidad de intervención de un juez. Así lo dictaminó la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del máximo tribunal, al avalar un pedido de informes a dos firmas telefónicas por parte de un fiscal de Villa Ángela.

Los fiscales están autorizados a solicitar informes a empresas telefónicas en relación a alguna causa que estén investigando, sin necesidad de intervención de un juez. Para acceder al contenido de los mensajes sí se requiere que intervenga un magistrado, pero pedir la escucha de dichos mensajes puede hacerlo el fiscal.

Así lo dictaminó la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, tras avalar un pedido de informes a dos firmas telefónicas efectuado por un fiscal de Villa Ángela en relación a un caso de corrupción de menores ventilado en los estrados judiciales de esa ciudad.

La circunstancia señalada se dio en el marco de un caso en el cual esa Sala, integrada por los ministros Ricardo Fernando Franco y María Luisa Lucas, rechazó un recurso de casación derivado de una sentencia contra el ciudadano R.D.L.G. Éste, como autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores simple, había sido condenado por la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela a cuatro años de prisión.

El reproche de la defensa

La sentencia de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia aparece publicada en el último número de InfoJus Chaco, órgano de difusión del Poder Judicial provincial. El texto recuerda que, en su momento, la defensa particular impugnó el fallo 133 de la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela, dictado el 26 de noviembre del 2007, por considerarlo "arbitrario, inmotivado, violatorio del debido proceso, de la legalidad de la prueba y el principio de la inocencia".

Entre otros reproches, la defensa se manifestó agraviada por haber sido rechazados sus planteos de nulidad de las pruebas informativas ofrecidas por la querella, entre ellos sendos informes de las empresas telefónicas CTI y Personal. Argumentaron que la incorporación de los mensajes telefónicos a través de una investigación suplementaria dispuesta por la Cámara "viola los artículos 362 y 215 del Código Procesal Penal y el artículo 15 de la Constitución Provincial".

Lo arbitrario, para la defensa, es que posteriormente "fueron utilizados para probar la relación sexual atribuida al imputado". La Cámara en lo Criminal de Villa Ángela concedió a la impugnación solicitada y elevó la causa a la Sala Segunda del Superior Tribunal de Justicia.

Ya en éste ámbito, los ministros Franco y Lucas desestimaron el planteo recursivo relacionado con las escuchas telefónicas. "No se trata -afirmaron- de una intervención de las comunicaciones del imputado, para lo cual sí la norma requiere de un decreto debidamente fundado, habilitando para su dictado a un juez, por medio del cual se ordena tal medida". Esta clase de medidas, recuerdan, "tiene por objeto intervenir las comunicaciones dirigidas al imputado, o que son efectuadas por éste, con la finalidad de enterarse de lo conversado a través de su registro, o bien impedir la conversación, como adecuadamente sostiene el juez actuante con cita de Cafferata Nores-Tarditti".

Debe ser controlada

Lo que, en resumen, se dispuso, apuntaron los citados jueces, "quedó circunscripto a la obtención de registros de las comunicaciones del imputado o de quienes se comunicaran con él a través de los números de celulares", situación que no reúne las características previstas en el artículo 215 del Código Procesal Penal, "por lo que queda al margen de los requisitos allí previstos para su validez".

No obstante, a criterio de Franco y Lucas, la intervención de llamadas "debe ser cuidadosamente controlada a efectos de que el entrecruzamiento de llamadas de que se trate sea exteriorizado exclusivamente entre aquellos números útiles para el progreso de la investigación de que se trate, evitando el acceso a los que resulten ajenos a la causa generadora de la disposición judicial pertinente, exceso en que innecesariamente se ha incurrido en éste proceso penal, sin que ello lo debilite como elemento probatorio".

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