Las autoridades del IPV siguen en funciones, y no se confirmó su alejamiento

La remoción de los actuales titulares del Instituto Provincial de Vivienda aún no está firme, y se desconoce que la versión responda a la voluntad expresa de la gobernadora Ríos. La audiencia solicitada el lunes por la Presidenta a la Mandataria hasta ayer no se había concretado. Mientras tanto, su presidenta, la abogada Gabriela Muñiz Sicardi, seguía hasta ayer trabajando en un programa de obras para el presente ejercicio, de 153 millones de pesos.
La versión surgida los últimos días de diciembre, señalando que abogada Gabriela Muñiz Sicardi y el maestro mayor de obras José Luis del Giudice podrían dejar la Presidencia y la Vicepresidencia IPV, producto del malestar político que baja del gabinete de ministros de Fabiana Ríos, tras haber acordado con los trabajadores del organismo una recomposición salarial al básico de 200 pesos, aún no fue confirmada y se desconoce si la misma respondió a la voluntad expresa de la mandataria.

Hasta la tarde de ayer Muñiz Sicardi seguía ocupando su despacho y trabajando con los profesionales del Instituto en el plan de obras para el presente ejercicio que incluye inversiones provenientes del Estado Nacional y del propio organismo de vivienda, por un monto de 153 millones de pesos.

El trascendido había surgido desde la propia Casa de Gobierno posterior al acuerdo firmado por Del Giudice con los trabajadores, y se sustentaba en la disconformidad que habría causado dentro del área del Ministerio de Economía y Hacienda, que conduce Rubén Bahntje, quien manifestándose públicamente en contra de la medida, había advirtiendo que de efectivizarse dicho aumento, le iba a pedir "la renuncia" a los funcionarios responsables de ejecutar una acción que podría disparar una nueva escalada de pedidos de aumentos salariales como lo vino reclamando durante todo el año la Asociación de Trabajadores del Estado.

Sin embargo a dos semanas de dispararse el trascendido, la remoción de las autoridades no se había efectivizado y la Presidenta esperaba reunirse con la Gobernadora para conocer si la versión tenía sustento oficial o si solo respondía a un momento de enojo del ministro Bahntje, o de algún otro funcionario.

Ayer por la tarde, junto a los profesionales del área técnica del IPV, Muñiz Sicardi esperaba conocer los números finales del presupuesto asignado por Poder Ejecutivo para este 2010, estimado en un total de 158 millones de pesos, de los cuales unos 35 irían a gastos corrientes y los restantes 153, destinados a la puesta en marcha de la segunda etapa de urbanización del Río Pipo, a la construcción de 424 viviendas en la Chacra XIII de Río Grande, a la ejecución de otras 214 para el plan arraigo juvenil de esa ciudad, y la continuación de las obras en Ushuaia –también en el Pipo–, de 99, 96 y 36 unidades habitacionales de carácter social.

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