La autoridad de aplicación, de nuevo en la mira

Son muchos los diputados que estiman que si el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es aprobado en el Senado le espera un futuro turbulento en los tribunales judiciales. Por eso, durante el debate sacaron a relucir los diferentes puntos del proyecto que son plausibles de ser "judicializados".
Legisladores del PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo y el peronismo disidente enumeraron los artículos controvertidos. Desde el macrismo, no obstante, aclararon que no realizarán ninguna demanda, salvo que algún punto de la reglamentación lo amerite.

El derecho adquirido es uno de los aspectos que repitieron todos los opositores y podría ser una de las impugnaciones que los privados realicen a la ley. El artículo 161, que los obliga a aquellos que no cumplan con la nueva ley a desprenderse de sus licencias en un año, y las limitaciones que se fijan en materia de multiplicidad de licencias, son los puntos donde las empresas podrían apelar a la defensa de sus derechos adquiridos

El artículo 7, por otro lado, establece que "los servicios de radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal", motivo que muchos interpretan que viola el artículo 32 de la Constitución, que fija que en temas de "libertad de imprenta" no se puede establecer la jurisdicción federal. "La Constitución prohíbe al Estado nacional arrogarse sobre la prensa competencias federales", explicó ayer el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que anunció que ellos evalúan recurrir a la Corte para hacer un pedido de inconstitucionalidad.

En la integración del Consejo Federal, en su inciso a, también se violaría una facultad provincial, porque no se define una ley de adhesión y el órgano lo integra la máxima autoridad local.

Para el PRO, existen en el capítulo sobre contenidos disposiciones que son "violatorias del artículo 14 de la Constitución, porque la autoridad confiere la licencia previa evaluación de la propuesta de programación, y eso puede ser censura previa". También sostienen que en materia de publicidad en la televisión por cable "existen claras restricciones que afectan la viabilidad del negocio".

En la Coalición Cívica hicieron hincapié en el inciso c del artículo 25. Dicen que da lugar al ingreso de capitales extranjeros a los medios de comunicación, motivo suficiente para declarar su nulidad. Dicho inciso hace referencia a tratados internacionales de reciprocidad, que protegen las inversiones extranjeras.

También es motivo de sospecha el artículo 98, ya que fija que la autoridad de aplicación podrá disponer de exenciones o reducciones de gravámenes, potestad que pertenece al Congreso.

Por último, algunos legisladores sostienen que la violación del reglamento en la sesión especial, cuando se superó la media hora de plazo en la que tendría que haberse iniciado, también puede ser motivo de denuncia.

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