"La autonomía municipal es una ficción"

El abogado De la Peña critica que el PE pueda conceder préstamos sin autorización legislativa.
El abogado Clímaco de la Peña está convencido de que únicamente en la ficción los municipios gozan de autonomía en Tucumán, pese a que la Constitución provincial (reformada en 2006) establece que aquella debe ser económico-financiera, política e institucional. "Nada de esto existe y, además, por la forma en que se asignan los recursos, se viola el derecho de los habitantes de las ciudades de elegir gobiernos propios, que, en los hechos, son simples títeres del Poder Ejecutivo", alerta.

El letrado califica de perverso e inédito el artículo 135, inciso 6, de la Carta Magna, que establece: "los empréstitos concedidos por el Estado provincial a los municipios y comunas no requerirán autorización legislativa". "Mediante estos préstamos que otorga el Poder Ejecutivo, los municipios se transforman en deudores de recursos que legítimamente les corresponde porque la Constitución garantiza, como base, la autonomía financiera", asevera el ex docente.

La autonomía, no obstante, es sólo nominal, según De la Peña. "En realidad, son un mero apéndice del Poder Ejecutivo. Este sometimiento se concreta mediante la concesión de préstamos para pagar la planilla salarial, con lo que el gobernador, horrendamente, termina abonándoles los sueldos al intendente y a los concejales. En segundo lugar, por medio del otorgamiento de créditos para la construcción de obras públicas determinadas, cuyos importes no puede tocar el intendente, que debe devolverlos y depositarlos -en virtud de una ley- en un fideicomiso administrado por la Caja Popular de Ahorros", argumenta.

Falta de transparencia

El abogado insiste con la misma idea. "Como la Caja Popular está intervenida; entonces, de hecho, el que maneja las obras públicas municipales es el Poder Ejecutivo provincial. Esto ha llevado a que los intendentes y los comisionados rurales se hayan transformado en meros punteros electorales del gobernador, del cual dependen, porque no tienen un átomo de libertad para decidir".

De la Peña también advierte sobre otra cuestión, según su entender, no menos importante. "Las transferencias a los municipios no son controladas por el Tribunal de Cuentas y, mucho menos, estos fideicomisos, que se convierten así en un mecanismo para privatizar los fondos públicos y para no llamar a licitaciones, sino, por el contrario, para poder efectuar adjudicaciones directas. En fin, sólo sirven para eludir los necesarios controles republicanos", lamenta.

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