"La autonomía económica es clave para salir del círculo violento".

La legisladora María Cristina Perceval (Mendoza) preside la Comisión Especial Banca de la Mujer en la Cámara alta, es autora de la ley contra la trata de personas y, actualmente, impulsa el proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El texto cuenta con media sanción y aguarda su tratamiento en Diputados.
La ley que impulsa contempla que, ante un caso de violencia de género, se activen resortes de protección a la víctima. Las medidas propuestas suenan conocidas, pero hasta ahora ha fallado su implementación. ¿Cómo se garantiza que esto mejorará?

Tenemos materias pendientes y casos de ineficiencia en términos de la necesaria igualdad que debemos construir entre varones y mujeres en una democracia real. Se han hecho valiosos intentos, pero desarticulados, entre las provincias entre sí, entre éstas y el Estado nacional y dentro de una misma provincia, con desencuentros entre el sistema de salud, el educativo, el judicial. Y sobre todo han estado desarticulados los presupuestos. También ha habido una subestimación de este tema, que poco a poco fue importando, pero que a su vez poco importa. Las cifras escandalosas de mujeres víctimas de distintas formas de violencia pueden sorprender un día, pero olvidarse durante la noche. Este es un problema social y una responsabilidad del Estado. Pero es cierto que muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, porque la mujer que hace la denuncia en una comisaría sale de allí sola, sin recursos económicos, sin protección en términos de seguridad y sin garantías procesales para que su problema sea resuelto en un trámite brevísimo.

Esta ley que juntó distintas iniciativas y tiene ya media sanción, tiene como rasgo la integralidad de todas las formas y tipos de violencia, una intersectorialidad dentro del Estado nacional y un trabajo interjurisdiccional, es decir, la Nación está trabajando con cada una de las provincias. Se busca, por ejemplo, generar un registro único de casos de violencia contra las mujeres que incluya el que se detectó en el centro de salud, el que fue denunciado en la Justicia o el acta que se labró en la comisaría.

En Salta, la Justicia se ha visto desbordada por los expedientes de violencia familiar y se pide que, en lo posible, los casos se resuelvan de otra manera.

Hay situaciones contempladas en este proyecto sancionado que son alternativas, como la mediación. Pero en ningún caso se estipula o se consiente que se someta a la víctima a una audiencia con el victimario. La ley contempla también el trabajo con los varones violentos. No todo es judicialización, pero tampoco se puede negar el derecho a la Justicia. Se trata de establecer políticas públicas preventivas, protectivas y sancionatorias.

Lo preventivo consiste en trabajar desde una cultura de igualdad, una democracia paritaria y la eliminación de toda forma de discriminación. Las políticas protectivas deben sacar a la víctima del desamparo y la soledad. Si es una mujer desocupada, el Estado, a través de los organismos correspondientes, debe darle prioridad en el acceso al crédito y contribuir a su capacitación y reinserción laboral. No alcanza con el albergue temporal o la exclusión del hogar del agresor. La autonomía económica es un elemento clave para que una mujer pueda salir del círculo de la violencia.

La sensación hasta ahora es que las leyes están, pero falta mejorar el engranaje que mueve a las políticas públicas...

Sí, legalmente algunas provincias han avanzado en este sentido, pero hacía falta un marco legal nacional integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es imprescindible avanzar hacia una ley de este tipo. Muchos países de la región y Europa ya la tienen. No es ninguna extravagancia, es una exigencia de los Estados democráticos. Aún en las provincias que están invirtiendo recursos para prevenir o erradicar esta violencia se necesita la integralidad de una ley nacional, la interjurisdiccionalidad en su tratamiento, perspectivas que muestren que no es una situación monocausal, sino que tiene una profunda complejidad basada en las relaciones de poder y desigualdad que existe entre varones y mujeres dentro de la sociedad.

Aún cuando existan leyes y programas, esto no se resuelve con buena voluntad y pura oratoria. La violencia de género se resolverá cuando se la considere prioridad dentro de las políticas públicas. Y esto supone la liberación de presupuesto.

Usted viene trabajando en el tema de los derechos humanos de las mujeres desde hace tiempo. Incluso es autora de leyes y proyectos de ley que, de una u otra manera, rozan el tema.

Así es. También soy autora, por ejemplo, de la ley contra la trata de personas. Esta forma de tráfico, por ejemplo, es un negocio sumamente lucrativo y de escasa consecuencias para los traficantes. Se sabe que las ganancias ascienden a entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales. Actualmente ocupa el tercer lugar como actividad lucrativa ilegal en todo el mundo.

Por otro lado, estoy trabajando en un proyecto de ley para el control de armas, municiones y explosivos. Este texto también está vinculado a la violencia sexista, ya que un arma en el hogar aumenta cinco veces el riesgo de que una mujer sea atacada, y un 40 por ciento que el atacado sea otro miembro de la familia.

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