La pésimamente redactada resolución mediante la cual Leyes le donó el terreno a La Puntana es la N° 3, data del 6 de marzo de 2013, y precede por casi un mes a la N° 4, que fue la que la senadora utilizó para realizar su autodonación. “Que la fundación La Punta, con domicilio en esta localidad, está realizando tareas solidarias muy importantes para los habitantes de la zona”, dice el único visto de la resolución. “Que estos beneficios sociales y culturales son de gran ayuda para los pobladores”, reza, por su parte, el único considerando. 

Si bien pude llegar a estar asentada en otra provincia y con otro nombre legal, lo cierto es que La Gaceta pudo comprobar que la “fundación La Puntana” no figura en la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Gobierno de San Luis, ni en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya sea a nivel provincial o nacional. Ningún empleado de estos dos dependencias que La Gaceta visitó la semana pasada pudo encontrar en sus registros de esta fundación.

También cabe destacar que La Puntana era completamente “a prueba de Google”, término que se utiliza cuando es imposible encontrar información sobre un determinado tema o persona mediante el popular buscador. Esto significa que la fundación no tiene sitio web propio, número teléfono o una mísera página de Facebook. Realmente debe ser muy difícil para Alberto Leyes, ex diputado y senador provincial, operar una fundación que nadie puede contactar.

Obviamente, esto de ser “a prueba de Google” cambió drásticamente luego de que el escándalo de la autodonación salió a la luz. Si hoy en día uno busca “fundación La Puntana” en Google, encontrará múltiples notas de medios independientes sobre este asunto. El único resultado previo a este escándalo es una nota de la Agencia de Noticias del Gobierno provincial, anunciando que el programa Pueblos Puntanos le había hecho un aporte no reintegrable a esta misteriosa e imposible de contactar fundación.

Afortunadamente, la resolución que le otorgaba un terreno a La Puntana ya fue anulada por el actual intendente de La Calera, Diego Lorenzetti, por lo que se ha logrado evitar lo que seguramente fue concebido como un serio acto de corrupción. Sin embargo, ha quedado completamente sobre tela de juicio la metodología empleada por Pueblos Puntanos para entregar aportes a ONGs provinciales, las cuales se han multiplicado exponencialmente desde que este programa fue creado en épocas de campaña política.