Con autocrítica y promesas, Cuenca aplacó el reclamo de guardiacárceles

Se suspenderá la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley de Ejecución Penal y se abrirá el debate sobre la nueva ley orgánica del personal del sector. Los empleados volvieron a pedir la renuncia de Corti y Bufarini.
Durante casi tres horas, el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, y las máximas autoridades políticas del Servicio Penitenciario provincial escucharon los reclamos de unos setenta guardiacárceles que trabajan en los penales de todo el territorio y que fueron elegidos por sus compañeros como delegados. Fue una reunión por momentos tensa. Arrancó con los funcionarios sentados en un estrado y los agentes penitenciarios de pie, exigiendo una vez más la renuncia del secretario y director del área, Mariano Bufarini y Leandro Corti. En la calle, frente a la sede del Servicio Penitenciario, unos doscientos guardiacárceles esperaban en una suerte de vigilia los resultados de la reunión. Cortaron el tránsito y se excitaban o aplacaban según las informaciones fragmentadas que iban recibiendo de sus compañeros.

El encuentro fue producto de una protesta inédita que los agentes penitenciarios protagonizaron la semana pasada, copando las inmediaciones de la Casa de Gobierno y de la Legislatura, para reclamar mayores condiciones de seguridad, mayor disciplina para los internos y cambios en algunas normativas. Originalmente, el oficialismo hizo otras interpretaciones de la protesta, y entendió que la pretensión de los agentes era volver a una política de mano dura. Pero ayer, todos terminaron cediendo algo y la reunión terminó con aplausos; eso sí, sólo para el ministro Cuenca, porque para Corti y Bufarini, siguieron pidiendo la renuncia.

Los planteos

Una de las quejas de los guardiacárceles refería que unilateralmente, el gobierno reglamentó la nueva ley de ejecución penal. En este caso, las autoridades prometieron dejar sin efecto el memorándum que ordenaba su puesta en vigencia a partir del próximo 1º de octubre.

Los agentes también rechazan el nuevo proyecto para reemplazar la actual Ley Orgánica del Servicio Penitenciario. Aseguran que la iniciativa atenta contra la carrera de los agentes porque elimina las jerarquías y las reemplaza por escalafones; ello iguala al agente con el resto de los empleados públicos. En este caso, el ministro aclaró que el proyecto no fue enviado aún a la Legislatura, y se comprometió a someterlo a la discusión de todos los actores involucrados.

Consultado por El Litoral, reconoció que quizá hubo algún "grado de desconexión" entre las políticas y su aplicación", que provocó este enojo.

"Me hago responsable de la forma de instrumentar algunas cosas, como la manera de presentar el proyecto de ley de orgánica. Esto parecía que ya estaba impuesto, pero no es así; se discutirá en toda la provincia. El error fue que como no estaba claro que se trataba de un borrador, se tomó como una decisión política tomada y no lo era. Es un defecto formal; provocó algún enojo pero se los aclaré el primer día", sentenció.

Cuenca se comprometió a visitar las diferentes unidades para discutir las particularidades de los reclamos en cada penal.

Políticas

Los agentes salieron de la reunión satisfechos. "Los resultados son realmente positivos. El ministro nos escuchó y aplaudimos su grandeza para intentar resolver nuestros problemas. Estamos muy conformes y muy agradecidos", dijo el alcaide Julio Muñoz.

Sin embargo, no cambiaron de parecer respecto de Corti y Bufarini. "Pedimos la renuncia de estos funcionarios porque no nos sentimos representados; creemos que han fracasado en su política", insistió. Pero Cuenca ratificó a sus funcionarios. "El ministro se comprometió a que no iba a haber ningún tipo de represalias, por lo tanto, nuestra relación (con las autoridades políticas) va a seguir siendo la misma; nos debemos a las autoridades superiores", dijo Muñoz.

Cuenca defendió a sus funcionarios y ratificó sus políticas.

"Ellos (los guardiacárceles) fueron sinceros conmigo y yo fui sincero y crudo con ellos. Pero el marco político es el marco político de una gestión y se cambia por el voto. Si este gobierno tiene un marco de política que no le gusta a la gente, en el 2011 votarán a otro; así es la democracia. Mis funcionarios trabajan en equipo conmigo y trabajamos en un programa de gestión, independientemente de que pueda haber algún pedido de un sector que no le guste determinada directiva. pero los planes son políticos", sostuvo.

Cuando los delegados llevaron los resultados de la reunión a los demás agentes que esperan en la calle, éstos aplaudieron los logros y volvieron a gritar: "¡Que se vayan! ¡Que se vayan!".

Luces y sombras

El secretario de Políticas Penitenciarias, Mariano Bufarini, reconoció que sería "necio" creer que todo lo que se hace en una gestión está bien. "Ni todas las medidas que se toman están mal, ni todas están bien. En esto tenemos un marco de autocrítica, pero también decimos que hubo avances que los dimos a conocer y que fueron respaldados", dijo el funcionario.

Consultado por El Litoral, admitió que "las pautas de trabajo se pueden rediscutir", pero aclaró que el marco político de la gestión seguirá siendo el mismo.

"Seguramente hubo algunas cuestiones que fueron mal comunicadas como el proyecto de Ley Orgánica. Desde el inicio, esta gestión tuvo la necesidad y obligación de que el tema fuese discutido por todo el servicio penitenciario y así se lo hicimos saber a los directores. Nosotros confiamos en que la información iba a bajar claramente hacia el resto de las unidades, pero esto no ha sucedido. Son todos errores que tienen que ver con el día a día y con gente que está trabajando de buena fe y de manera muy honesta. Las gestiones tienen luces y tienen sombras; lo importante es que hoy el ministro ha asumido todas estas acciones como parte del ministerio y del gobierno", enfatizó.

Posturas

La coordinadora de Trabajo Carcelario señaló que la actual gestión provincial "incrementó la intervención civil en el ámbito penitenciario" y "trabajó con todos los actores en la reglamentación de la ley de ejecución penal". Consideraron que "la actitud patoteril (de los guardiacárceles) de autoacuartelarse y de presentar petitorios donde reclaman que sus exigencias se cumplan, son situaciones que en un estado de derecho no deben tolerarse ni permitirse".

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