Autoconvocados paran el jueves y viernes.

Los docentes autoconvocados reunidos el viernes en Asamblea Provincial decidieron convocar a un nuevo paro de 48 horas para el jueves y viernes de esta semana. Durante los primeros días de esta semana trabajarán en las escuelas para lograr masividad en la medida. El viernes que viene a partir de las 10 se prevé realizar una marcha provincial "contra la política salarial del Gobierno", a la cual se convocó a todos los trabajadores públicos.
Mientras, para mañana los delegados de la Asamblea fueron convocados a participar de una reunión que mantendrán en el Ministerio de Educación a partir de las 19,30.

Según lo informado por la delegada por Capital, Gladys Sánchez, los autoconvocados insistirán en la necesidad de mejorar la oferta salarial, dado que desde este sector se entiende, el acuerdo firmado entre los gremios y el Gobierno implica una "mala distribución" en la masa salarial destinada a los trabajadores del sector.

Para reafirmar la posición de los autoconvocados en contra del acuerdo Frente Intergremial-Gobierno, Sánchez sostuvo que tras los cálculos realizados se pudo establecer que los docentes que reciben el máximo de antigüedad llegarán a percibir unos $200 de aumento total. Indicó que "lo más grave" es que el aumento en negro de $30, y el bonificable para antigüedad que en mayo será de $80 "es solo por agente, situación que afecta negativamente a aquellos que tienen mas de dos cargos", sostuvo.

Entre los efectos del paro, se pudo ver al menos en Capital que este bajó considerablemente luego de que los gremios levantaran la medida de fuerza. "Hubo desgranamiento por la desinformación y las amenazas vertidas desde el Ministerio", justificó Sánchez al referir a los dichos del titular de la cartera educativa, Leopoldo Van Cauwlaert, quien sostuvo que aquellos que adhieran al paro autoconvocado, iban a tener "faltas injustificadas".

Según la norma, al contar con más de 10 faltas de estas el Estado puede dejar al agente cesante y reemplazarlo. Para los referentes de la Asamblea, el Gobierno debe entender que la entidad fue reconocida en sus actos administrativos e incluso ante la Justicia.

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