Los autoconvocados se movilizaron otra vez

Un grupo de paranaenses se movilizó hacia la Comuna para expresarse contra la decisión del Municipio. En tanto, Cánepa aseguró que desde la Intendencia “nos defenderemos y contestaremos”.
Para el lunes próximo quedó postergada la presentación judicial de la asamblea de vecinos autoconvocados. “El lunes se va a presentar la acción de inconstitucionalidad. Venimos manejando los tiempos en función de las respuestas municipales, pero el Intendente hace caso omiso. Nos sentimos discriminados porque el Intendente ni siquiera ha respondido a nuestros pedidos de audiencia y ha hecho una discriminación diciendo que los pudientes tienen que pagar y los barrios no, pero esto no es un impuesto, sino un servicio”, argumentó el doctor Ramón García Rau.

Acotó que “la tasa es el precio del pago de una contraprestación, de ninguna manera un impuesto para solucionar los problemas de la Municipalidad”.

En inmediaciones del Palacio Municipal, ayer volvieron a protestar los vecinos. “No paguemos el festival de designaciones de cientos de funcionarios políticos. Impidamos el despilfarro de los dineros paranaenses con el nombramiento de los más de mil nuevos empleados”, rezaba el volante que distribuían, en una de sus caras y en la otra, “No al impuestazo municipal”.

Armando Patat comentó a EL DIARIO que en las asambleas en la Sociedad Friulana “la gente está preocupada en la medida que va enterándose de los números de la Municipalidad. El 72 % -puntualizó- se utiliza en personal y un 2,66 %, en obras públicas mientras que en Santa Fe -comparó- se utiliza el 48 % en personal y el 38 %, en obras públicas. De ahí el interrogante referido a qué municipalidad vamos a llegar si en un año de gestión hay 1200 empleados nuevos”, apuntó.

Tomaron declaraciones del concejal justicialista Gabriel Molina, quien “en un sitio digital ratificó que hay más de 5.000 empleados en la Municipalidad, mientras que (la secretaria de Gobierno) Rosario Romero dice que hay 4.200”.

Frente a la diferencia, aseguraron que “en 2003, cuando terminó el período de gobierno, había 3.200 empleados; en 2007, 4000 y hoy, más de 5000. Eso le preocupa a la gente”, insistieron.

Otro aspecto que también destacaron es que “los aumentos llegaron en San Agustín también, y del mismo modo en otros barrios”. En ese sentido acotaron que “no ha sido hecho por zona, sino al boleo, para hacer un ajuste de caja y salvar a la municipalidad de los problemas actuales que tiene”.

En este orden, advirtieron que “si se revaluaron las propiedades, a las que no le aplicaron aumento, le modificaron la alícuota, y eso no puede hacerlo el Intendente. Es todo muy injusto y mal hecho. Y además, siendo tasa, no debería tener incidencia el valor del inmueble”, aunque admitieron que “es una costumbre muy arraigada” aplicar ese criterio. Acerca del comportamiento de los vecinos, “hemos cotejado y la gente no ha ido a abonar el impuesto o sea que se está concientizando que es atroz y que luego llegará la tasa por servicios sanitarios y más adelante, el inmobiliario provincial”.

Recomendaron “no pagar hasta que esto se clarifique. No se puede pagar algo que no se sabe qué se está pagando”, dijeron sin descartar que “pudiera haber una resolución favorable de la Justicia que beneficie a toda la población”.

Antonio Bluotto, desde su experiencia como comerciante, acotó que “siendo 20 de mes, no hay un peso en la calle. Entonces, si paga el impuesto no se come. No sé si se entiende esto o no, pero no se busca una solución”, acotó finalmente.

El Municipio defenderá

el revalúo ante la Justicia

El secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad, Alejandro Cánepa, aseguró que la vía judicial “es una herramienta” que los vecinos pueden utilizar “si piensan que son vulnerados sus intereses”. No obstante anticipó que desde el Municipio “nos defenderemos y contestaremos”.

De esta manera, el funcionario ratificó que la decisión política de aplicar el revalúo “está tomada” y se mostró tranquilo respecto a “los fundamentos del decreto y la competencia del Departamento Ejecutivo para dictarlo”.

“La decisión política” de aplicar el revalúo “está tomada y no puede haber revisión, porque ya se ha hecho. Se emitió un decreto, se modificó y ahí ya tuvo una revisión. A partir de ahí no hay otro retoque, otra decisión”, sentenció.

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