El aumento de las tarifas de la electricidad - Editorial -

Desde que se desató la crisis internacional y se produjo una previsible caída en los precios de las materias primas exportables de nuestro país, el mercado eléctrico argentino ha comenzado a quedar expuesto a una realidad crítica. Hasta mediados de 2008 los subsidios estatales pudieron esconder esa crisis, pero hoy -pese a los muy proclamados deseos del oficialismo nacional- se produce un sinceramiento de tarifas, que durante largos años, desde 2003, fue imprudentemente pospuesto.
Por vía de penalizaciones a los consumos más altos o de incrementos directos, el valor de la energía comienza a ser equivalente al costo de producción, y los aumentos repercuten entre los usuarios industriales, comerciales y residenciales.

Las nuevas tarifas que tantas quejas han despertado a nivel nacional, finalmente muestran el alto precio que pagan los países que descuidan el desarrollo de su infraestructura en generación de energía, porque son más caros los kilovatios producidos con la quema de combustibles fósiles (como gas natural y fueloil) y porque, naturalmente, todo bien escaso de alta demanda aumenta su precio.

Cuando las intervenciones del sector público sobre el aparato productivo de bienes y servicios se prolongan durante demasiado tiempo, estas medidas suelen terminar de la peor manera, y a veces en el momento menos oportuno.

Así lo demuestra la historia económica de la Argentina: la convertibilidad terminó por derrumbarse porque no era real la relación de la paridad cambiaria uno a uno, entre pesos y dólares, pero además, en lugar de buscarse medidas progresivas para superarla, el país debió salir de ese esquema en las peores condiciones, al quedar prácticamente sin recursos y en un contexto de cesación de pagos, con un cúmulo de acreedores externos.

Aunque con otro nivel de complejidad, lo que ocurre hoy con el servicio de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica es similar. El gobierno nacional deja de aportar subsidios no por convencimiento, sino porque la crisis económica así lo impone. Las cuentas fiscales de otro modo no cerrarían y en tal situación social y económica los usuarios deben pagar por sus consumos de electricidad a un precio real.

Junto con el aumento de tarifas, el país recibió otra noticia: la Justicia aceptó un recurso de amparo impulsado por el defensor del Pueblo de la Nación, para que los clientes del servicio en Capital Federal y el Gran Buenos Aires puedan negarse a pagar las boletas con el aumento establecido (a partir de consumos superiores a los 1.000 kW).

El fallo, como toda medida cautelar, no resuelve la cuestión de fondo acerca de la legalidad del incremento. Pero tiene efectos que, de extenderse demasiado en el tiempo, pueden resultar lesivos para el sector eléctrico. No es sano que se conviertan las excepciones en medidas permanentes, y tampoco que se borren las diferencias entre quienes cumplen o no con el pago de un servicio.

Comentá la nota