El aumento en la tarifa de agua será investigado por la Justicia

El Concejo Deliberante en pleno solicitó a la Justicia que investigue si existe delito en aumentar la tarifa sin la autorización correspondiente. Está en cuestión además la concesión del servicio y la aplicación de un cuadro tarifario
"Entregamos todo el material al fiscal para que investigue si existe delito en el incremento de la tarifa de agua", dijo el concejal de la oposición Mario Soria (Unión por Córdoba), al referirse a la resolución tomada por el legislativo municipal por unanimidad.

Pero las idas y vueltas de la polémica que hoy enoja al pueblo y a sus representantes no es tan clara como el agua (más bien sería cara).

Este capítulo de la historia comienza meses atrás cuando el Ejecutivo Municipal que encabeza Hugo Graieb remitió una nota enviada por la Cooperativa de Servicios Públicos, prestataria del suministro del vital elemento, donde solicitaba la autorización para el incremento de la tarifa. Aunque habrá un pasaje anterior que afectará un desconocido futuro desenlace.

Soria sostiene que "el tema es que cada vez que había un aumento en la tarifa del agua corriente, la Cooperativa le solicitaba autorización por nota al intendente, el cual se lo autorizaba en forma siempre verbal. Esta vez, a raíz de reclamos de vecinos que llegaron al Concejo por diferencias en el cobro de los medidores, se le informó a la Cooperativa cómo era el procedimiento para el aumento de tarifas y que debe pasar por el Concejo, no por el Ejecutivo. La Cooperativa prometió que esta vez haría el procedimieto como corresponde ya que lo desconocía (el Ejecutivo nunca les informó esto en todas las veces que acudieron a él para aumentar)".

"Junto con sus asesores, el Consejo de Administración de la Cooperativa, presentaron nota al Concejo pidiendo la regulación de la tarifa, un 28% de suba (retroactiva a agosto), ya que hacía aproximadamente un año que no se aumentaba. El Concejo les aprobó un 25%, y cuando se les informó esto adujeron que ellos no querían la creación de una tarifa, sino la homologación de la misma, cosa que el Concejo no hace", indicó el edil opositor.

Procedimiento

Cabe mencionar que el Estado provincial delegó en noviembre de 1991, durante la Gestión de Ramón Bautista Mestre (padre), el control y concesión de los servicios públicos a los Municipios, por lo que la Ley Orgánica Municipal 8.102 fija el proceder de estos casos. Por lo tanto, la regulación de la tarifa de agua debe pasar por el Deliberante, que crea los cuadros tarifarios.

"El caso es que, sin autorización del Concejo, la Cooperativa envió y ya está cobrando las nuevas facturas con la suba del 28%", resumió Soria.

Sostuvo además, que "se molestaron todos los concejales, incluida la presidenta (Gricelda Peralta), porque sospechamos que puede haber ocurrido lo de antes, o sea, una autorización verbal del intendente".

"Nos reunimos inmediatamente y resolvimos enviar nota a la Cooperativa para que informe por qué aumentó y con autorización de quién. No obtuvimos respuestas, por lo que los vecinos no deben pagar el incremento y se intimará a la Cooperativa a devolver lo ya cobrado...La situación es delicada y puede agravarse aún más...", deslizó Soria.

"Falta de respeto"

Por su parte, la presidenta del cuerpo legislativo, dijo que "el pedido de aumento es razonable, el servicio es realmente bueno", por eso se avanzó en la autorización de un 25% de incremento".

Añadió que "lo que no estaba previsto es la creación de un cuadro tarifario, pero en la audiencia saltó además que no existe contrato de concesión, lo que suma otro agravante ahora a la situación". "Los asesores de la prestataria cuestionaron la competencia del Deliberante municipal, cuando ellos solicitaron el tratamiento", manifestó.

Peralta expresó que el aumento que llegó "bajo la puerta después de dos meses de trabajo, sin esperar por parte de la Cooperativa, es una falta de respeto a los vecinos y al Deliberante".

"Sancionamos por resolución que la Cooperativa se abstenga a cobrar un incremento no autorizado, a los vecinos que se abstengan de pagarlo y en tercer lugar, que el fiscal (recayó en Gustavo Atienza, Secretaría Picco) investigue si existe delito".

"Este Concejo Deliberante no está pintado", aseguró Peralta.

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