Una ley aumenta sueldos a ediles y blanquea irregularidades

Aumentará el sueldo de los concejales a partir del cobro de antigüedad en sus dietas, luego de que el gobernador Daniel Scioli avalara una ley surgida en el Senado provincial y aprobada en el 2008.
Dicha norma modificó la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) y agregó al haber de los ediles el cargo por antigüedad en la función pública en cualquier esfera del Estado, sea en provincia, Nación o en el municipio. Además, permitirá que los que cobraron este beneficio ilegalmente no vayan a juicio.

La ley 13.924, aprobada por las cámaras legislativas provinciales al término de 2008, y ratificada por el gobernador a principio de año, modificó el artículo 92 de la LOM. La medida fue impulsada por el senador bonaerense del oficialismo Federico Scarabino y –según contaron fuentes del Senado– fue avalada por el vicegobernador y ex intendente de La Matanza, Alberto Balestrini.

Dicha norma permite que los concejales acumulen antigüedad de cargos públicos anteriores, en cualquier órbita del Estado e incluso en la docencia; pero, además, el artículo más importante no es el que engrosará el sueldo de los ediles, sino el que permite que aquellos que estafaron al Estado y percibieron antigüedad cuando no estaba permitido, se salven del juicio. Casualmente, los casos más graves se encuentran en La Matanza, donde algunos ediles cobran por este concepto desde hace más de diez años.

En la mayoría de los legislativos consultados, los aumentos no representarán importantes sumas de dinero, aunque algunos admitieron que la comuna no podrá hacerles frente con fondos propios. Algunos ediles cobrarán 300 pesos más por año, pero otros sobrepasarán el aumento de 1.500 pesos mensuales.

La misma fuente que deslizó que uno de los que avaló la medida fue Balestrini, explicó que aumentarse o no los sueldos es una decisión de los concejales ya que «son ellos los que deberán adherir a la medida, y presentar su antigüedad si es que están de acuerdo». En tanto, desde el Concejo Deliberante de Morón explicaron que no se puede ignorar la ley o expedirse en contra, pero cada concejal puede elegir no presentarse o renunciar a ese dinero.

Los ediles consultados en Ituzaingó admitieron que la ley aprobada les parece buena, ya que se reconoce al legislador local como un trabajador, y «así como cobra aguinaldo» también «se le computará la antigüedad». Algo similar dijeron desde Morón, si bien la medida les pareció mala por «blanquear» a los concejales que tienen «procesos judiciales» latentes al haber percibido su dieta aumentada por la antigüedad durante muchos años, «sin que esto estuviera permitido».

Escenario

En plena crisis y en un momento del año en que los gremios están intentando mantener una discusión salarial hasta ahora sin demasiada respuesta; justo cuando se conoció que la industria se derrumba y que se perdieron 47 mil puestos de trabajo, según datos de la Central de Trabajadores Argentinos, se dio a conocer la medida aprobada por los legisladores bonaerenses.

La ley despertó opiniones de las más variadas, aunque en el conurbano –a diferencia de muchos distritos del interior de la provincia– los concejales se mostraron a favor de la medida, al menos en su mayoría. Entre los argumentos, dijeron que así se reconoce un derecho del legislador como trabajador; que el aumento, en la mayoría de los casos, no será importante, y que la dieta debería entrar en el régimen laboral.

También se escucharon argumentos contrarios: la dieta no es igual a un sueldo y por tanto no debe ser tomada como tal ni entrar en el esquema del trabajador común. Otro de los temas en pugna es quién pagará el incremento, ya que debería pagarse con dinero del HCD, pero desde algunos municipios ni siquiera se llega a pagar la remuneración actual.

Está bien

En Ituzaingó, el concejal de Nuevo Gobierno-Coalición Cívica, Ricardo Vallarino, y Rubén Magliotti, del ARI-Coalición Cívica, explicaron por qué están de acuerdo con la medida. Vallarino sostuvo que «toda persona que trabaja tiene derecho a la antigüedad pero no tiene que ser desmesurada. En la actividad privada no se reconocen el cargo público, y eso amerita una discusión», y agregó: «No hay que partir de antigüedad sí o no. Hay que preguntarse si es correcto el número de concejales de la provincia; ¿cuál es el rol de los concejos? Fui autor de un proyecto que decía que se tenían que mantener en diez ediles cada HCD. Yo creo que somos trabajadores, con mandato fijo. En todo caso, tiene que haber topes mínimos y máximos», expresó.

El concejal de la CC aclaró que «esto es una cuestión de maquillaje», porque lo que ningún gobierno dice, «ni los progresistas ni los conservadores, es que los Ejecutivos financian a los legislativos, y eso termina atando al concejal», concluyó Vallarino, quien está en la función pública desde la década del 90.

En tanto, Magliotti opinó que «para mí está bien, debemos tener la antigüedad, igual que el resto de los derechos. Nosotros no tenemos módulos, ni viáticos, no cobramos un dinero aparte de la dieta. Con eso, solventar todo es difícil. Es un derecho para lo que han cumplido función en la administración pública y a la vez adquirir, cada vez más, los derechos de un trabajador. Es verdad que la gente puede no tomarlo bien, pero el trabajo que hace un concejal, desde el punto de vista de la legislación laboral, se asemeja a un trabajo corriente. Pero es de dedicación exclusiva. Está bien que se absorban los derechos de los trabajadores», y agregó que «nosotros no ganamos 6 mil pesos, sería más lógico que no se acepte en algunos concejos donde las dietas sobrepasan los seis mil pesos, pero en Ituzaingó cobramos 3 mil y somos de los más bajos de la región».

Con uñas y dientes

A su turno, el presidente del bloque justicialista del Concejo Deliberante de La Matanza, Ricardo Rolleri, defiende con uñas y dientes la reforma del sistema salarial de los concejales. El edil mantiene una banca desde 1983 y suma años en la administración pública como docente. Además, es uno de los tantos concejales que durante años cobró un plus por antigüedad pese a las restricciones de la normativa. Aunque, a fines de los 90’, dejó de percibir el beneficio luego de reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas.

La modificación de la ley está hecha a pedir de los casos como el de Rolleri: se acrecientan sus haberes debido a la suma importante de años en el sector público, pero además reciben un perdón que convalida el cobro de antigüedad en aquellos años.

«Esta modificación hace justicia, ya que permite que los concejales cobren antigüedad como cualquier trabajador», dijo el concejal a El diario. Y sobre el cobro durante los años anteriores el edil explicó: «Esto no estaba aclarado, y nosotros interpretamos que era posible».

El segundo artículo de la nueva ley es claro: declara «extinguidos los procedimientos administrativos ante el Tribunal de Cuentas y las acciones judiciales… por el pago de la bonificación por antigüedad… aún cuando se hallaren en ejecución judicial».

«El artículo 2 es terriblemente cuestionable. Tienen que ver con enjuagar irregularidades y generar una impunidad, se suscribe en la lógica de perdón colectivo que es indebido», señaló el presidente del Concejo Deliberante de Morón, Enrique Louteiro. Concretamente, sobre el tema de poner en marcha el pago de antigüedad aclararó: «Por más que se trate de una función electiva, no nos parece cuestionable».

Está mal

Por su parte, la presidenta del HCD de Hurlingham, Hilda López, se mostró contraria a la medida e indicó que a pesar de que la ley ya fue aprobada, desde la gobernación «se están realizando consultas con el Tribunal de Cuentas y con los municipios porque no se sabe de dónde saldrá el dinero», y añadió que en muchos casos «podría bajar la dieta» que actualmente cobran los ediles, ya que –como ocurre en Hurlingham– el presupuesto del cuerpo no podría cubrir eventuales subas.

Además, dijo que «políticamente, esto (por la medida) no es correcto, porque corresponde que primero les aumentemos el salario a los empleados municipales, para que tengan sueldos dignos, y recién luego mejorar, si corresponde, la dieta de los concejales». A pesar de estar contra las disposiciones de la ley, López comentó que ella sería una de las beneficiadas, pues tiene 36 años de antigüedad en la administración pública municipal

Comentá la nota