“Las auditorías no son una caza de brujas”, dice el STJ

El alto funcionario adelantó que habrá auditorías en todos los organismos y expresó que ello debería verse como algo natural. El fin es saber cuánto tiempo se tarda en fijar un debate o dictar un fallo.
Julio Alberto Pelizzari.

“Saber qué pasa en el Poder Judicial era una inquietud que el Superior Tribunal tenía desde hacía muchos años porque conocíamos la existencia de problemas de distinta naturaleza, como cuestiones de gestión, de personal o de enfermedades. Hasta hace poco la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo nos permitía visitas de inspección; o sea que el presidente apareciera un día por un organismo, pudiendo invitar al procurador general, para que mirara y nada más. Ahí terminaba la visita”.

– ¿Y qué iba a mirar?

– Cuestiones de personal, de limpieza, edilicias, a escuchar las inquietudes de los integrantes del organismo. Simplemente eso. Porque no hay que olvidar, aunque sea difícil de entender, que el Poder Judicial es una organización horizontal y no vertical. Eso significa que el Superior Tribunal no puede bajar línea, no puede darle instrucciones a ningún juzgado; a diferencia de lo que ocurre en el Poder Ejecutivo, donde los ministros dependen de las instrucciones del gobernador. En nuestra organización cada juzgado es una célula cuasi independiente del S.T.J.

– ¿Cómo surgió lo de las auditorías?

– Desde hace un tiempo teníamos interés es poder realizar auditorías de gestión, como lo hace la Corte Suprema sobre algunos organismos o la Cámara de Casación Penal, por ejemplo, sobre el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Pero no podíamos porque la Ley Orgánica no nos habilitaba. Por eso enviamos un proyecto específico de modificación a la Legislatura, que se aprobó el año pasado. A partir de allí el Superior Tribunal quedó facultado para realizar ese tipo de auditorías.

Pelizzari remarcó que “no hay que confundir las cosas. Nosotros no podemos meternos en cuestiones jurisdiccionales de los tribunales. Eso tiene que ver con el dictado de las resoluciones. Pero no sólo que no puede, sino que el S.T.J. jamás se atrevería a decirle a un juez cómo resolver un expediente. Lo que sí puede, y estando haciendo, es ver que se cumplan los plazos procesales de los expedientes, saber cuánto tiempo se tarda en un organismo en fijar un debate o dictar una sentencia. Esas son cuestiones no jurisdiccionales que podemos auditar.

A todos los juzgados.

Más adelante, el ministro señaló que “con esta nueva herramienta comenzamos a auditar a algunos juzgados, aunque la decisión es hacerlo en todo el Poder Judicial. Arrancamos con aquellos organismos que sabíamos que tenían algunos indicadores estadísticos con dificultades. Y lo hacemos sin personal y sin una estructura especializada como la que tiene la Corte Suprema”.

– ¿Qué sabían de la Cámara 1?

– Que por una reestructuración legislativa se había vista atosigada de expedientes o demorada en su funcionamiento por cambios de jueces. Pero la auditoría, por distintas razones, en un primer momento se paralizó y por eso seguimos con el Juzgado de Instrucción 5 para ver qué pasaba allí (NdeR: se detectaron graves irregularidades cuando estuvo a cargo del juez jubilado Carlos Omar Jorge) y para que quién asumiera como juez no lo hiciera con esa carga extra.

“El objetivo es conseguir una mejor gestión, con más eficacia y eficiencia –expresó Pelizzari–. Esto no es una caza de brujas, ni mucho menos; pero que quede en claro que si surgen responsabilidades, cada uno deberá hacerse cargo de ellas o explicar con buenas razones porque las cosas se hicieron de tal o cual manera, o no se hicieron como debían hacerse. Acá nadie puede sentirse molesto. Es más, una auditoría debería ser algo natural para el funcionamiento de cualquier organismo”.

Agregó que “si a través de una auditoría se detecta que algo funciona mal, no es que estemos buscando sancionar a alguien, sino decirle a ese funcionario qué está haciendo mal o cómo mejorarlo. Y si en algún organismo hay problemas de personal, veremos cómo podemos solucionarlos. Porque también sé que, históricamente, los empleados son reacios a ser trasladados ya que en cada lugar se forma una especie de familia, con afectos, empatía y emociones”.

“También sé que en las organizaciones hay enfermos, y el Poder Judicial es una donde la gente más se enferma. No sé porqué ocurre eso, quizá sea por el tipo de tarea que desarrollan, ya que en él surgen todos los conflictos sociales y toda la miseria social”, enfatizó.

– ¿Se piden muchas licencias por tratamiento psicológico?

– Muchas por tratamiento psicológico y también psiquiátrico, y eso preocupa. A mi no me interesa que la gente termine enferma a raíz de su trabajo. Simplemente queremos tener un panorama que antes no podíamos tener.

– ¿Qué pasa una vez que se realiza la auditoría y se detectan irregularidades?

– Los ministros del Superior Tribunal, como cualquier funcionario publico, cuando advierten la posible comisión de un delito tienen la obligación de denunciarlo, porque sino estarían cometiendo un encubrimiento. Si se trata de irregularidades administrativas, se abrirá un sumario que terminará en una absolución o en una sanción disciplinaria. O también pueden surgir responsabilidades penales o pecuniarias. Y cada uno deberá hacerse cargo de ellas. Porque estar en el Poder Judicial no es solamente para recibir sus beneficios. Si alguien se equivoca, tiene que hacerse cargo de sus errores.

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