Auditoría postergó decisión sobre difusión de informes

El Colegio de Auditores Generales, con mayoría oficialista, postergó una resolución con la que podría prohibir al titular de la AGN, Leandro Despouy, que difunda sus informes, lo que es rechazado por la oposición.
Según informaron fuentes de la Auditoría General de la Nación, el cuerpo de seis auditores -tres diputados y tres senadores- acordó retomar finalmente el debate el miércoles próxima, en fecha y horario a definir.

La postergación se debió a que la AGN se encuentran a la espera de una comunicación de la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el kirchnerista Nicolás Fernández, respecto al vencimiento de mandato de uno de los auditores generales, el radical Alfredo Fólica.

Sucede que Fólica concluyó su mandato el pasado 4 de enero, pero quien debería sucederlo, el diputado Alejandro Nieva, se encuentra cumpliendo funciones aún en la Cámara baja puesto que se cargo vence en diciembre próximo.

Por ese motivo, el Colegio de Auditores giró una nota a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, oficina parlamentaria que se ocupa de evaluar los informes que realiza la auditoría, a fin de que revea la situación y pueda extenderse el mandato de Fólica hasta tanto Nieva concluya su periodo en la banca de Diputados.

"Queremos evitar así que no cuestionen la legalidad de nuestra toma de decisiones", explicó el auditor justicialista Oscar Lamberto.

A su turno, el radical Horacio Pernasetti negó que se trate de una excusa para demorar el tratamiento del polémico proyecto para quitarle al presidente Despouy la oficina de prensa, para que las tareas de difusión sean derivadas al Colegio de Auditores Generales con mayoría oficialista.

"Se trata de una cuestión formal que nada tiene que ver con los proyectos que están en tratamiento", señaló Pernasetti.

La demora en la decisión se produce luego de que los bloques de la oposición se unieran para advertir sobre el peligro que, a su juicio, se cierne sobre la AGN, si es que se le quita la potestad para comunicar y difundir públicamente los informes del organismo.

El problema surgió luego de que Despouy publicara en Internet una auditoría de costos -en la que habría sobreprecios- vinculada a las obras de interconexión de la red eléctrica de alta tensión en el tramo Choele Choel-Puerto Madryn adjudicado a la empresa Electroingeniería.

El oficialismo desestimó la existencia del informe y ahora, según la oposición, busca quedarse con la facultad para comunicar las publicaciones del organismo.

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