La Auditoría detectó irregularidades y falta de controles en el Puerto

La AGN denunció inclumplimientos que favorecen a algunos operadores privados.
Los cuestionamientos por la falta de controles a los concesionarios de los servicios públicos que viene acumulando la administración kirchnerista se extendieron ahora al ámbito de la actividad portuaria.

Tras analizar el desarrollo contractual de una de las concesiones más importantes del puerto de Buenos Aires durante un período de seis años y medio, la Auditoría General de la Nación (AGN) puso sobre el tapete la existencia de una serie de irregularidades e incumplimientos del Estado que favorecieron a determinados operadores privados e imposibilitaron la libre competencia portuaria.

Ausencia sistemática de controles, cambios accionarios irregulares, atrasos en la implementación del Programa de Propiedad Participada (PPP) e incumplimientos de las exigencias contractuales en materia garantías, seguros y reglamentos operativos conforman las principales anomalías que, según la AGN, ha acumulado en los últimos años el accionar de la Administración General de Puertos (AGP).

El informe del organismo de control del sector público se focalizó en el desempeño que tuvo la AGP en el seguimiento de las condiciones contractuales de la terminal portuaria N° 5 de Buenos Aires que opera la empresa privada Bactssa.

Si bien el período auditado abarca el período que va del 1 de enero de 2001 al 20 de julio de 2007, la mayor parte de los incumplimientos se registraron a partir de mayo de 2003 tras la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada y de Julio De Vido al ministerio de Planificación Federal.

El informe de la AGN fue aprobado por los siete integrantes del directorio del organismo, entre los cuales se encuentran los representantes del kirchnerismo Vilma Castillo y Oscar Lamberto.

Además de la AGP--que se desempeña como una "sociedad del Estado" bajo la órbita de la Secretaría de Transporte--, el trabajo de la Auditoría involucró a la empresa concesionaria Bactssa que desde mediados de 1994 opera la terminal 5 del puerto de Buenos Aires.

Originariamente, la compañía Bactssa había nacido de la sociedad que conformaron el holding filipino ICTSI y el fondo local de inversión Bisa, propiedad del grupo Bemberg. En 1999, ICTSI le compró las acciones a Bisa y dos años después le vendió la totalidad de la empresa al Hutchison Port Holindg Group (HPH).

El análisis de la AGN detectó las siguientes irregularidades:

La AGP no ha fijado las normas para definir la "red de información portuaria" que debía instrumentar tras la privatización del puerto. Esto le impide conocer en tiempo real la cantidad y el volumen de cargas y mercaderías que opera la terminal, el movimiento y la estadía de los buques y la información complementaria para Aduana, Migraciones y Cargadores.

La AGP autorizó la modificación accionaria de la terminal 5 (Hutchison con el 99,9999 % e Ictsi con el 0,00001 %) sin estar satisfecha la pluralidad sustancial de socios que exige el ordenamiento jurídico de las sociedades anónimas. Según la AGN, ese porcentaje ínfimo no cumple con la regla societaria en el sentido de que no hay contrato de sociedad sin pluralidad de socios, debiendo tal pluralidad ser real y no ficticia o meramente formal.

No se ha completado la implementación del Programa de Propiedad Participada (PPP), por el cual los trabajadores de la terminal tenían que acceder al 4% del capital accionario.

No hubo autorización previa de la AGP sobre los seguros de caución presentados por Bactssa y tampoco se fijó anualmente el monto mínimo a cubrir por las compañías aseguradoras.

En cuanto al rol de la AGP como órgano de control de las terminales, la AGN advirtió que acumula varias "falencias de gestión que limitan las posibilidades de actuar eficazmente en la coordinación de las actividades del puerto".

El informe de la Auditoría que que preside el radical Leandro Despouy identificó los siguientes puntos flojos del ente portuario: falta de adaptación funcional y organizativa; registros que no reúnen los requisitos mínimos que fijan las normas de la secretaría de Hacienda; no incorporación de metas físicas en los presupuestos que permitan efectuar un análisis de los resultados operativos y una gestión de la tecnología informática que pone en peligro la eficiencia en el cumplimiento de la misión del organismo.

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