Los auditores generales deben controlar pero tampoco cumplen con la ley

La ley 7.103 dispone entre las competencias de la Auditoría General de la Provincia (AGP) "efectuar el control de la presentación, del registro y del archivo de las declaraciones juradas patrimoniales que prevean las normas en la materia, evaluando el grado de cumplimiento de tal exigencia legal".
Pero paradójicamente, y según el informe de la Escribanía de Gobierno, ninguno de los 5 auditores generales salteños ha cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas de bienes patrimoniales.

En 2004 un trabajo de la AGP realizaba una serie de observaciones sobre la falta de fiscalización de la presentación de las declaraciones juradas, y le recomendaba a la entonces escribana de Gobierno, Laura Wayar, la implementación "un sistema de control integral, abarcando todas las etapas necesarias para la consecución de la función principal que es la registración de todas las declaraciones juradas de los funcionarios obligados en tiempo y forma. Debe este sistema contemplar su archivo y custodia".

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