Auditora de Tinogasta irá a la Justicia por suspensión impuesta por el CD

Fue suspendida por 6 meses. Asegura que el procedimiento está mal hecho y anticipa que lo impugnará.
La recientemente suspendida auditora municipal de Tinogasta, Rosa Muñoz, aseguró que no corresponde la aplicación del artículo 174 de la Carta Orgánica (CO) con el que los concejales -con mayoría oficialista- avanzaron en su suspensión por seis meses, y anticipó que pedirá que se declare ilegítima y arbitraria esa ordenanza, tanto en sede administrativa como judicial.

El viernes, en una sesión extraordinaria, los concejales tinogasteños aprobaron una ordenanza por la que suspenden por seis meses a Muñoz, imputada en una causa en la que se investigan los gastos de regalías durante la gestión del ex intendente Hugo Ávila, en la que se desempeñó como secretaria de Hacienda.

Los ediles invocaron, en esa avanzada, el artículo 174 de la CO, que establece que la suspensión corresponde para "funcionarios o empleados con imputación firme de la comisión de delitos dolosos con incidencia funcional".

Muñoz entiende que ese artículo está mal aplicado porque, en primer lugar, ella ya no cumple funciones como secretaria de Hacienda y porque la causa en la que se la investiga no fue elevada a juicio.

"Voy a accionar judicialmente, y administrativamente voy a pedir al CD que me entregue copia certificada adonde la fiscalía les remite a ellos la documentación de la causa, porque me parece de una gravedad terrible que se viole el principio de inocencia. Si todavía no se elevó a juicio, cómo van a saber si soy culpable o inocente", cuestionó la auditora comunal.

Para Muñoz, en caso de haber pretendido arremeter contra ella, los ediles deberían haber recurrido al artículo 158 de la CO que, según precisó, establece sólo tres causales por las que el auditor municipal puede ser removido o destituido de su cargo, mediante juicio político: delito doloso común, mala conducta o mal desempeño en su función.

Muñoz recordó que la causa que mantiene tanto a ella como al ex intendente Ávila imputados sufrió algunos reveses e inclusive la fiscal original del caso tuvo que apartarse y quien la subroga terminó dictando la nulidad de las detenciones concretadas por la investigadora que la precedió.

Para Muñoz, esta movida de los concejales -"que seguramente deberá resolver la Justicia"- tiene por único objetivo evitar los controles a la comuna: "Siempre, desde que asumió (el intendente Simón) Quintar, nunca quiso que Rosa Muñoz le controlara los gastos", aseguró la funcionaria que, remarcó, ganó el puesto por concurso.

De todos modos, asegura que, desde 2007 a esta parte, prácticamente no pudo cumplir con sus funciones, primero porque fue desplazada por el municipio, luego por la judicialización del conflicto y, finalmente, tras su restitución, por la falta de presupuesto y personal para trabajar y porque el intendente ni sus funcionarios le remiten la documentación que debe ser sometida a control.

Presupuesto acotado

Muñoz denunció además que, pese a la autarquía económica y política que debe tener la auditoría, el intendente no anexó al presupuesto general el presupuesto que confeccionó para que el organismo funcione en 2010. Según sostuvo, de los 500 mil que había presupuestado para poner en funcionamiento la auditoría, Quintar sólo incluyó en el presupuesto -y el CD aprobó- un total de 58 mil pesos, que corresponden al salario anual que cobrará como auditora. El nivel de gastos no contempla ni los haberes de empleados ni los bienes de capital que, plantea, debe adquirir para poder poner en funcionamiento la auditoría.

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