Ex auditor judicial niega inacción en causa PER

Gustavo Martínez, quien se desempeñó como auditor general del Poder Judicial hasta principios de año, negó que ese organismo no haya hecho nada en relación con las demoras y fallas en la instrucción de la causa que investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento y rendición de Planes de Empleo Rionegrino. Lo hizo luego de que la Sala B de la Cámara del Crimen de Viedma declarara la nulidad de todo lo actuado en el expediente, que estaba a un paso de llevar a juicio oral al ex director de Empleo, Gustavo Otero, y a los ex empleados María Mirán y Ángel Poggi.

Martínez deslindó responsabilidades respecto de los nulos resultados de la investigación interna sobre presuntas demoras y fallas en la investigación que estuvo a cargo del fiscal Ricardo Falca y del juez Pedro Funes. El magistrado está actualmente de licencia y con un pedido de una sanción del STJ luego de que el pedido de juicio político por su actuación en el caso Flavors tomara ese camino en virtud de informe de auditoría realizado por el camarista laboral de Cipolletti Edgardo Albrieu.

Martínez remitió como evidencia de su accionar en la causa de los PER las notas dirigidas al Superior Tribunal de Justicia en marzo de 2007 y en febrero de 2008.

En la primera de ellas daba cuenta de que, ante las presuntas demoras o fallas, había intentado tomar conocimiento del expediente, pero que el juez Funes no se lo había enviado ni le había remitido fotocopias, situación que consideraba anómala y de la cual ponía en antecedentes al STJ.

En la segunda nota recordaba aquella intervención en la cual manifestaba "preocupación" por las dificultades de acceso al expediente que analizaba presunta corrupción en ámbitos de la secretaría de Trabajo. Sobre todo, porque el organismo había estado en algún momento a cargo de la defensora del Pueblo, que es hermana de la procuradora general de la Provincia.

Aludía que, sin resolver su pedido, el STJ le había devuelto el reclamo a la Auditoría General, ante lo cual él volvía a indicar que nada podía hacer si no tenía oportunidad de estudiar el trámite seguido en la investigación de presuntas irregularidades en los PER, sobre todo en la instrucción. "Concluyó el señor juez de Instrucción negando nuevamente el acceso del expediente", agregó, señalando que "si se sigue el criterio de que el auditor no va a tener acceso a los expedientes, no veo cómo podría llegar a cumplir mi función con la seriedad debida".

Comentá la nota