En conferencia de prensa, el secretario de Economía y Hacienda, José Reinaldo Cano, presentó hace pocos días la Auditoría realizada para dar detalles de la crisis financiera que atraviesa la municipalidad de General Pueyrredon. 

A su vez, el funcionario anticipó a 0223 que “una vez cumplida la tarea de la auditoría de la Administración Central, continuaremos por las auditorías el Enosur  y el Emvial, y también la daremos a conocer a la ciudadanía”. También, el gobierno de Arroyo auditará la secretaría de seguridad por irregularidades en la administración Pulti.

Cheques sin fondo

Cano manifestó que “que, finalmente, el descubierto bancario es de $ 115.832.548 y a esto se le agrega lamentablemente por primera vez en la historia y no si sucedió en algún otro municipio- dos cheques fueron rechazados por falta de fondos. Estos cheques pertenecen al Enosur por un monto de $ 4.101.000 y el otro es del Emder, por $340.000”.

“La irresponsabilidad de la gestión saliente ha puesto en apuros a dos funcionarios de ley que son los que acompañan con la firma al funcionario político que también firma los cheques. Si no cubrimos estos cheques, estos funcionarios de ley estarían en problemas en lo personal por haber firmado un cheque sin el respaldo suficiente”, agregó.

Desde la secretaría de Economía y Hacienda se informó que el gobierno saliente cobró por anticipado tasas municipales por un $50.709.975, de los cuales $27.170.099 corresponden que tendrían que haber correspondido cobrar a la gestión entrante. Al mismo tiempo, el titular del área expresó que “la gestión saliente afirmó que las deudas era por la cantidad de obras realizadas, sin embargo, se han realizado –desde Emvial y Enosur- obras por 114 millones de pesos, lo cual representa solo el 15 por ciento del déficit actual”.

Por otra parte, el secretario de Hacienda, brindó detalles sobre la denuncia del Decreto 518 de este año por cual se aumentó el monto autorizado del descubierto bancario con retroactividad al 5 de marzo pasado, pero que fue registrado el 13 de noviembre pasado. “Esto nos da la razón en cuanto a que este reconocimiento ad referéndum del Concejo Deliberante tendrá valor a partir de noviembre pero no del 5 de marzo. Esta fue una maniobra absolutamente pensada para evadir la responsabilidad que tiene el Intendente por los intereses que se pagan. Estos intereses suman un total de $2.744.00”, sentenció Cano.