Audiencia pública con escasa participación

La audiencia se concretó el mismo día en que la Corte notificó la declaración de inconstitucionalidad de la ley 774 al Poder Ejecutivo. La convocatoria no concitó mayor interés en la comunidad fueguina.
Como si se tratara de una burla del destino, el mismo día en que el Superior Tribunal de Justicia notificaba al Poder Ejecutivo que había declarado inconstitucional la ley 774, que, por vía de excepción, había pretendido dar amparo legal a la operación de venta directa de gas de regalías a Tierra del Fuego Energía y Química, se realizó la audiencia pública sobre el estudio de impacto ambiental presentado por esa misma empresa para la instalación de una planta de urea en la zona norte de la provincia; emprendimiento éste vinculado con la operación de venta directa cuestionada por la Justicia y con el de elaboración de metanol.

El encuentro realizado en la ciudad de Río Grande concitó escasísimo interés en la comunidad fueguina, a punto tal que la única ponencia presentada estuvo a cargo de los representantes del Museo Yámana. Como en la audiencia pública realizada por el proyecto de producción de Metanol, desde Museo Yámana tuvieron una mirada crítica sobre esta nueva propuesta de industrialización del gas.

La presentación de la guía de proyecto y el estudio de impacto ambiental estuvo a cargo de los profesional responsables de la elaboración del trabajo, los que expusieran los aspectos más relevantes de la iniciativa y sus implicancias en el medio ambiente; las medidas de seguridad en materia de ingeniería; las modificaciones de ingeniería que se realizarán en el predio; la realización de obras civiles y de servicio, así como la generación de ruidos.

Según se indicó desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, antes del inicio de la audiencia se comunicó a los representantes de la empresa la existencia de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 774, para ver si de todas maneras pretendían seguir adelante con el cumplimiento de este requisito establecido en la ley de medio ambiente, o en todo caso, postergar su realización. Pero la respuesta fue que la de seguir adelante.

En principio, esta determinación parece contradecir lo afirmado ayer por el ministro de Economía, Rubén Bhantje, quien en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia dijo estar en conocimiento de que Tierra del Fuego Energía y Química estaba analizando la posibilidad de radicar sus proyectos de industrialización de gas en la provincia de Santa Cruz. El funcionario sostuvo que tal posibilidad era consecuencia de la inseguridad jurídica que implica que tras un año de vigencia la Justicia declare inconstitucional una ley. Ató también la evaluación empresaria al hecho de que a partir de marzo o abril del próximo año entrará en funcionamiento el nuevo ducto transmagallánico que permitirá transportar al continente la producción gasífera off-shore de Tierra del Fuego. Lo que permitiría a TFEyQ SA contar con esa materia prima pero sin necesidad de instalarse en la provincia.

De darse esta alternativa, una vez más la realidad desautorizaría a las máximas autoridades de la provincia, ya que la gobernadora Ríos había reiterado hasta el cansancio que el proyecto TFEyQ SA se iba a radicar en Tierra del Fuego aún en caso de que no pudiera concretarse el contrato de venta directa de gas de regalías. En la misma situación quedará el titular de la empresa, Fernando Lin, quien se había manifestado en igual sentido que la Gobernadora.

Comentá la nota