La Pampa estudia la propuesta de Mendoza de alcanzar un acuerdo por obras en relación al conflicto del río Atuel. Las autoridades mendocinas pretenden abrir una negociación y quieren que La Pampa frene la demanda en la Corte. Dentro de esa estrategia, detallaron un plan de obras.

Hoy, oficialmente y a través del Boletín de Prensa, se informó que la provincia recibió “una propuesta de acuerdo” y que “es de destacar que con esta comunicación oficial se evidencia que la provincia de Mendoza ha revertido su tesitura intransigente, sostenida a lo largo de las últimas décadas, que consistía en sostener su postura sin escuchar la posición pampeana”.

También se indicó que se refleja  la apertura de “un canal de diálogo” y en el “entendimiento” de que la cuenca del Atuel es interprovincial, y que “ambas provincias deben regular el uso de sus aguas”.

En la propuesta, Mendoza se comprometería a realizar los proyectos ejecutivos y sus respectivas obras de impermeabilización de la red primaria de riego del río Atuel en su provincia, a fin de asegurar el mayor caudal destinado a La Pampa una vez concluidas las obras necesarias.

“Consecuente con su cambio de postura, proponen un programa de obras a realizar que garantizarían el ingreso continuo de aguas al cauce del río Atuel en territorio Pampeano en el futuro”, se subrayó.

“Especial atención merece para las autoridades provinciales el pedido de Mendoza consistente en la suspensión de los procesos legales en curso”, finalizá el texto oficial.

Freno

Las autoridades mendocinas pretenden abrir una negociación y quieren que La Pampa frene la demanda en la Corte. Dentro de esa estrategia, detallaron un plan de obras.

El abogado Miguel Palazzani, quien presentó una demanda en el año 2010 en la Corte Suprema expresó, ante el anuncio de Mendoza de impulsar un nuevo acuerdo, que no había que incluir elementos de “distracción“.

La vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero (UCR- Cabiemos), envió una carta al gobernador pampeano, Carlos Verna, con un plan de obras para solucionar del corte del río Atuel por el cual la provincia le inició el año pasado un segundo juicio. Las autoridades mendocinas sostienen que el problema de fondo es la falta de agua y que se necesita optimizar el sistema de riego para poder compartirla con La Pampa.

La vicegobernadora propuso un “protocolo de entendimiento” que apela al fallo de 1987, que declara la interprovincialida del río y que exhorta a las provincias a celebrar acuerdos.

El nuevo intento de acuerdo es un intento, en base a las obras a realizar, que La Pampa suspenda los plazos del juicio en marcha en la Corte Suprema de Justicia. En la misiva, se retoma el pedido de la ONU de que la Nación tome parte activa en la resolución del conflicto, lo que se traduciría en el financiamiento de un plan de obras.

De todos modos, el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, ya aclaró que no habrá un freno a la demanda. Además, hay otra demanda planteada por un abogado particular, Miguel Palazzani, quien también ha expresado que no hay que caer en nuevas maniobras dilatorias de Mendoza. También el anterior secretario de Recursos Hídricos pampeano, Néstor Lastiri salió al cruce de la jugada de la provincia vecina: ‘Son las mismas obras y forma de financiación establecidas en el Convenio del 2008, que la Legislatura de Mendoza ’desechó’, asi dice el dictamen. Atrasan 8 años por lo menos‘.

Mendoza ya prepara la estrategia defensiva judicial. Con la intención de reforzar su postura, también se analiza pedir la incorporación de la figura del “amicus curiae”, con la idea de que nuevos actores sumen sus pruebas.

Proponen que se sume una “comisión de seguimiento del conflicto por el río Atuel” que se conformó en Alvear y que el jueves se reunió durante la tarde para delimitar su estrategia. Está conformada por el intendente de Alvear, Walter Marcolini, concejales, representantes de distintas áreas, los regantes y dos especialistas, Aldo Guarino Arias, jurista experto de Aguas y Ambiente, y Marcelo Romano, abogado del agua y defensor de los regantes de San Rafael. También se reunió con ellos el fiscal de Estado, Fernando Simón, que viajó hasta el sur mendocino para explicar el estado judicial en el que se encuentra la causa, pero también para rearmar la estrategia de la defensa.

Mendoza tuvo dos reveses recientes. El primero se remonta al 7 de junio pasado, cuando la Procuración General de la Nación rechazó la primera instancia de la defensa mendocina y promovió que el siguiente paso sea el juicio ante la Corte Suprema de la Nación. El segundo es la resolución de la ONU que se conoció la semana pasada, en la que se invitó a la Nación a buscar acuerdos.

La vicegobernadora, Laura Montero, ya había adelantado que intentará abrir una negociación con Verna.

Con la intevención de la Nación y la conformación de un Comité de Cuenca -pedido por La Pampa- habrá tensión desde la política para dejar el camino judicial. Pero en la balanza la provincia de La Pampa tiene que poner la conducta de todos casi un siglo de la provincia de Mendoza que avanzó en forma unilateral, sin siquiera acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia.