El fiscal de Estado mendocino, Fernando Simón, afirmó que el Estado mendocino pidió a la Corte Suprema de Justicia la ratificación del fallo del año 1987 sobre el río Atuel. Calificó, en una postura sorprendente, el caso como “cosa juzgada”.

La presentación que hizo Mendoza ante la Corte de la Nación para responder la demanda interpuesta por La Pampa por el conflicto que mantiene con nuestra provincia por el agua del río Atuel inició otra vez un camino judicial.

Fernando Simón, fiscal de Estado de la provincia de Mendoza, remarcó que “este juicio no es nuevo”. “Es el mismo que La Pampa ya perdió y ahora lo reabre, reeditándolo y disfrazándolo con otro ropaje”, dijo en declaraciones radiales.

La Corte de la Nación falló en el ‘87 que el río Atuel es interjuridiccional, o sea pertenece a ambas provincias, y que Mendoza tiene derecho a regar hasta 75.771 hectáreas (algo que no se ha logrado porque el río Atuel no tiene agua suficiente, pese a las obras realizadas) y luego compartir con La Pampa usos futuros.

Además, la provincia provee de agua potable a la población pampeana de Santa Isabel, proveniente de una vertiente de agua mineral del Atuel.

Así, el fiscal de Estado explicó que lo primero que planteó Mendoza ante el máximo Tribunal de la Nación fue que se ratifique el fallo del ’87. “Que la Corte vea que estamos volviendo a discutir lo mismo pero de otra manera. La Pampa ha usado otros argumentos, otro enfoque, otro ropaje jurídico pero es todo igual”, sostuvo Simón.

En aquel momento, La Pampa pidió una posesión de caudales, es decir determinada cantidad de metros cúbicos del río Atuel. “Ahora está pidiendo lo mismo, con más indemnización y distinta terminología: lo llama caudal de fluido ecológico. Pero el argumento es el mismo y hay algunas falacias que son bastante peligrosas en el planteo. Por eso hemos contestado con mucha dureza y muchos informes técnicos (de especialistas de la UNCuyo, UTN e Irrigación. Ha sido un trabajo arduo”, detalló.

De ahí que una de las posibilidades que podría darse es que la Corte pase directamente a resolver las excepciones previas. “Es que un juicio se hace, se realiza y termina. Se llama cosa juzgada, no se puede volver a discutir. De lo contrario, los juicios no terminarían jamás. Entendemos que acá estamos en esta situación”, detalló Simón.

La otra opción es que se inicie el período probatorio y no se resuelva ahora, sino al final del juicio. “Ahí vamos a tener que preparar pericias técnicas, que serán complejas y largas. En tanto que el tercer camino que puede ser la convocatoria a distintas audiencias para acordar pruebas o audiencias de conciliación”, aclaró Simón.

Y agregó: “Acá la Corte tiene mucha elasticidad porque este caso es muy particular, no es un juicio típico sino un proceso dirimente, casi una función diplomática para arreglar conflictos entre provincias. El juicio anterior duró desde el ’79 al ’87, por lo que esto también puede tardar años”.

La demanda no solo fue firmada y presentada por el gobernador Francisco Pérez, el Fiscal de Estado y el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, sino también por el próximo mandatario provincial, el radical Alfredo Cornejo. “Esto marca que es un tema de todos los mendocinos, que va más allá de los colores políticos. Mendoza ha decidido defender su agua y luego tiene que decidir cómo la utiliza”, dijo Simón.