Atrasos en viviendas: el gobierno quiere rescindir contratos

El Ministerio de Obra Pública impulsa una nueva licitación para que se concluyan las unidades productivas y sociales. Diez jefes comunales ratificaron su desacuerdo anoche en Concarán.

La demora en la finalización de viviendas productivas en el interior provincial desató un conflicto y cruces de versiones entre intendentes de diez localidades y el Ministerio de Obra Pública de la Provincia. Los jefes comunales plantearon que no cuentan con el dinero suficiente para completar las instalaciones eléctricas, de gas natural y cloacas, pues no estaban incluidas en el pliego original; y ratificaron anoche en Concarán su intención de terminar las casas, ampliación presupuestaria mediante. Pero desde la cartera afirmaron que la infraestructura estaba contemplada, y promueven dar de baja los contratos para lanzar una nueva licitación.

El escenario se modificó desde la primera reunión de intendentes, quince días atrás. Es que desde ese momento cobró fuerza la solicitud en conjunto de los fondos necesarios para culminar las obras que se ejecutan por administración municipal, ya que la concreción se veía "agravada por la crisis económico-financiera", según señalaba por entonces el jefe comunal de Concarán Daniel Elías. De allí surgieron dificultades compartidas entre trece intendencias, además de otras comunas que sumaron su adhesión telefónicamente.

Como paso inicial, se pidieron audiencias con la ministra de Obra Pública Stella de Catalfamo y el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Sólo se concretó la primera, y de forma particular con cada uno de los intendentes, para formularles dos opciones: seguir al frente de los trabajos y completarlos con dineros propios; o dar de baja el contrato para lanzar una segunda licitación.

"La política del Gobierno es que las obras deben cumplirse. Los intendentes primero firmaron un acta compromiso y luego manifestaron la imposibilidad de concluir las viviendas. Les propusimos acordar la rescisión para que nos permitan terminarlas, haciendo prevalecer el interés social", explicó la ministra de Obra Pública Stella Rubino de Catalfamo.

Pero la medida fue desechada por la mayoría de los jefes comunales, y anoche repitieron el encuentro en Concarán para ratificar su intención de finalizar las viviendas, insistir en la necesidad de una ampliación presupuestaria y cuestionar el convenio por el cual se realizaron las mismas obras en Tilisarao pero, según afirmaron, con más dinero e infraestructura incorporada.

La intendenta de La Toma Dominga Torres fue contundente al señalar el resultado de su entrevista ayer a la mañana con Catalfamo: "Fue para disgusto. No hemos tenido la luz de esperanza que esperábamos ver para terminar las viviendas". Señaló que, en la localidad, las unidades productivas tienen un avance del 98%, y que sólo resta realizar las instalaciones para los servicios. "En mayo planteamos por nota que se reviera ese tema porque no estaba incluido en el convenio. Ahora nos dicen que quieren armar una licitación, llamar a otra empresa, en vez de darnos el dinero a los municipios. Lo tomamos muy mal, porque siempre hemos tenido seriedad para realizar las obras", aseguró anoche, mientras participaba de un debate junto a representantes de Villa Del Carmen, Carpintería, El Morro, Cortaderas, Concarán, Santa Rosa, Justo Daract, San Pablo y La Punilla.

Al respecto, Elías precisó que los municipios recibieron de la Provincia una suma de 84 mil pesos por vivienda a construir, "casi 20 mil pesos menos que los entregados a Tilisarao para la misma obra". Dijo que, de acuerdo a los convenios revisados, la comuna que conduce Hugo Olguín "fue la única a la que se le entregó el 20% de anticipo, incluyendo la infraestructura". Y aclaró que no hay "ningún enfrentamiento" con su colega.

Por su parte, Catalfamo aseguró que los reclamos de los intendentes "no son ciertos", aunque reconoció que existe la diferencia presupuestaria formulada. "No sé cuál es la razón por la que a Tilisarao le dieron más dinero, porque no estaba al frente del Ministerio", apuntó.

Sin dar demasiados detalles, la titular de la cartera de Obra Pública informó que en total se firmaron convenios con 29 municipios para la ejecución de las viviendas productivas, de las cuales tres ya fueron terminadas y entregadas a sus propietarios. Agregó que, en los últimos días, cinco intendentes aceptaron dar de baja los contratos.

Rodolfo Alba, secretario de Gobierno de Santa Rosa, señaló que en cada localidad se dan situaciones diferentes respecto al avance de las obras, ya sean productivas o sociales. "No vamos a aceptar la rescisión. Eso se lo dijimos a la Ministra y mantendremos la misma postura que el resto de los intendentes".

Como cierre de la reunión mantenida anoche en Concarán, se acordó repetir el pedido de audiencia al Gobernador y solicitar una entrevista el lunes al senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, con el objetivo de que actúe como mediador político en el conflicto. "Creemos que hemos sido tratados en forma desigual, y no entendemos por qué se benefició a un municipio y se perjudicó a tantos otros. Confiamos en que nuestro planteo sea escuchado porque la provincia siempre se ha caracterizado por la equidad", afirmó Elías.

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