Atrapados sin salida

El buque costero marplatense San Jorge I fue detenido días atrás por la Armada Nacional Uruguaya ante la presunta acusación de estar pescando ilegalmente en aguas jurisdiccionales de ese país. Y, como siempre ocurre en estos casos, las versiones son encontradas.

La Armada de Uruguay ratifica la acusación, planteando la captura de 90 toneladas de corvina y "otras infracciones" no especificadas a sólo cuatro millas náuticas de la costa oeste de Montevideo. A su vez la empresa armadora asegura que la actividad de la que se la acusa no estaba siendo llevada a cabo en aguas de soberanía exclusiva, y que la información "llegó algo distorsionada". N&P quiso aclarar de manera directa con la fuente, por lo que contactó al patrón de pesca de la embarcación, Cristian García, quien explicó además que su buque se encontraba navegando con las redes amarradas.

El Juan Pablo II y el San Jorge I son embarcaciones que pescan "a la pareja", lo que significa que comparten la misma red. Estos barcos costeros estaban regresando al puerto de Mar del Plata cuando fueron interceptadas, en un patrullaje, por el buque uruguayo ROU 11 "Río Negro", bajo el mencionado argumento de estar pescando en aguas prohibidas. Según confirman los medios uruguayos, la captura fue decomisada precisamente por haber sido generada en aguas de exclusividad oriental: las 4 millas apuntadas de su costa, siendo que el límite permitido a los pesqueros argentinos para sus maniobras no puede atravesar las 7 millas.

Uno de los socios de la compañía y delegado municipal del puerto marplatense, Mariano Retrivi, emitió un comunicado donde indicó, en primer lugar, que ambas naves fueron interceptadas y abordadas por personal de la armada uruguaya, fuera de las aguas de jurisdicción exclusiva de ese país.

A su vez, se indicó que "ambas embarcaciones realizaron todo su viaje de pesca, completamente por fuera de esa zona".

Por otra parte, desde la compañía armadora hicieron otra importante aclaración. Según indicaron, la navegación marítima está absolutamente permitida en la Zona Común de Pesca (ZCP) que comparten Argentina y Uruguay. Incluso también está autorizada dentro de esa área de disponibilidad mutua, en el ámbito de las aguas del Río de la Plata y su Frente Marítimo, bajo la regulación de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).

Otra declaración desde nuestro país fue que la detención de las embarcaciones se produce a raíz de un único error, involuntario, por parte de las embarcaciones argentinas: el no haber tenido cuidado de dar aviso radial a la Prefectura Nacional Uruguaya, informando acerca del ingreso a dicha zona. Porque de haberlo hecho, mediante este simple procedimiento de comunicación, la autoridad marítima podría –debería- autorizar al capitán a navegar o fondear libremente en la zona en cuestión. Ése fue el error que derivó en la detención de los barcos.

Para Claudio García, se configuró delito. Todavía sigue sin entender cómo la Armada Uruguaya dispuso que efectivamente sí se produjo, y luego el juez afirmó que no lo hubo.

N&P: ¿Qué sucedió?

C.G: Nosotros zarpamos del puerto de Mar del Plata el 24 de agosto junto con el buque Juan Pablo I, pescamos y todo iba bien. El 29 a la madrugada nos encontrábamos navegando de regreso a Mar del Plata, fuera de las 7 millas reglamentarias (13 kilómetros). Un buque de la Armada uruguaya llama por la radio y me piden que me identifique; luego me ordena parar máquinas y que me aliste para ser abordado. Una vez arriba del buque registran todo, sacan fotos. La cubierta del buque estaba despejada y las redes amarradas; no estábamos pescando, quiero aclararlo.

N&P: ¿Estas personas abordaron el buque portando armas?

C.G: Tenían armas largas y cortas, eran seis personas. No hubo inconvenientes con ellos, pero esa actitud intimida (N.de la R: el propio armador reconoció que "los habían tratado muy bien"). Luego de la requisa nos ordenaron que volviéramos al puerto de Montevideo. En ningún momento mostramos resistencia. Antes de regresar me puse en contacto con mi empresa, y al llegar al puerto me pasé toda la tarde del 29 declarando en la Prefectura Nacional Uruguaya.

N&P: ¿Cuál fue el delito que se les imputó?

C.G: Nos abren un expediente por una supuesta infracción, aunque en ningún momento nos aclaran cuál es. Al otro día declaré en Tribunales con el doctor Luis Charles. Fue una declaración mucho más breve, y luego el juez ordenó archivar las actuaciones porque entendió que no hubo delito.

Es de tener en cuenta que muchas veces las embarcaciones hacen un alto en el trabajo y, en esos casos, se acercan a la costa para evitar fondear río adentro, considerando que las aguas no siempre son calmas en el canal de acceso al Río de la Plata. Por otra parte, es incluso una medida precautoria no sólo para sí mismos sino también para terceros, teniendo en cuenta que el tráfico es importante y excede al de buques pesqueros, para incluir mercantes, barcazas, yates de placer e incluso transporte de pasajeros.

N&P: ¿Es la primera vez que vive una situación tan intimidante?

C.G: Si, es la primera vez. Me han abordado otras veces, es algo común en las embarcaciones extranjeras que se encuentran en aguas jurisdiccionales. Pero nunca fui llevado a declarar.

N&P: Las embarcaciones tiene un sistema de rastreo que no les permite moverse de su ruta…

C.G: Nosotros estamos monitoreados constantemente por el sistema de GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Si yo estuviera fuera de la ley, habría un satélite que mirando.

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