El ataque a Zottos abre la puerta a la violencia

El ataque a Zottos abre la puerta a la violencia
Nadie en el Gobierno se solidarizó ayer con el vicegobernador, que fue golpeado por pegatineros que descolgaban carteles.
La agresión física sufrida por el vicegobernador Andrés Zottos en la madrugada de ayer por parte de un grupo de “pegatineros”, parece haber instalado la violencia política en la campaña electoral. Y cuando correspondía esperar del Gobierno una dura condena a los hechos y el compromiso de investigar las responsabilidades detrás del ataque, la tibia respuesta recibida parece haber dado vía libre a este tipo de agresiones.

A lo largo de la jornada de ayer, ningún funcionario del Gobierno provincial -ni siquiera los ministros de Seguridad, Eduardo Sylvester o el de Gobierno, Julio Loutaif- se comunicó con el vicegobernador para condenar lo ocurrido. Fuentes cercanas a Zottos comentaron además que, pese a que compartieron el palco oficial durante la procesión de la Virgen del Perpetuo Socorro, el gobernador Juan Manuel Urtubey no habló con su compañero de fórmula sobre el tema. Las fotos en el lugar los mostraban ayer distanciados, con el presidente de la Agrupación Gauchos de Gemes, Carlos Diez San Millán instalado entre ambos.

Curiosamente, al terminar la procesión Urtubey tomó contacto con algunos movileros y, consultado sobre el hecho, expresó que repudiaba “cualquier hecho de violencia, más tratándose en este caso del vicegobernador”. Se preocupó en aclarar que desconoce la procedencia del grupo que agredió a Zottos, y descartó que trabajen para a campaña del Frente para la Victoria.

Pese a esta afirmación, los “pegatineros” que fueron detenidos tras la agresión al vicegobernador aseguraron que habían sido enviados por “el comisario Aramayo, del Centro Cívico Grand Bourg”, según consta en un video que puede verse en la página web www.eltribuno.com.ar.

Frente a esta acusación, la Policía de la Provincia emitió ayer a las 21 (más de 20 horas después del ataque) un parte de prensa que relata los hechos e afirma que “en ningún momento personal policial de ninguna jerarquía dio órdenes o disposiciones acerca del retiro de carteles de la vía pública de ningún partido político”.

El Tribuno ya había publicado en mayo pasado que a partir de una directiva que no se había hecho pública, el personal policial de calle estaba obligado a resguardar los carteles del candidato oficialista y hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey.

Liberados a las pocas horas

Si hacía falta una señal para dar vía libre a la violencia en la campaña, los cinco detenidos por agredir al vicegobernador recuperaron su libertad apenas cuatro horas después de ser detenidos.

Cristian Corregidor, de 30 años; Marcelo Cañizares, de 20; Rafael Viveros, de 36; y dos menores de 17 años familiares de Cañizares, fueron detenidos por la policía alrededor de las 0,30 de ayer en el lugar donde se produjo el ataque a Zottos.

El operativo en el lugar se extendió por alrededor de dos horas, y luego el vicegobernador radicó la denuncia en la Comisaría 1§. Sin embargo, alrededor de las cuatro de la mañana los cinco detenidos recuperaron la libertad. El parte de prensa de la Policía explicó que a los cinco se les inició un “sumario contravencional” y que fueron liberados luego de consultar con el fiscal de turno, que ordenó identificar a los acusados.

“Hay hostilidad hacia el vicegobernador”

“Hay una fuerte sensación de hostilidad hacia el vicegobernador, como si el Gobierno fuera de una persona y no una figura institucional”, se quejó anoche ante El Tribuno el senador nacional Juan Agustín Pérez Alsina. El renovador confirmó que ningún funcionario, ni el propio gobernador Juan Manuel Urtubey, se habían solidarizado con Andrés Zottos. “Parece que hubiera algo personal contra él” agregó. El legislador señaló además que el vicegobernador designará hoy un abogado para exigir a la Justicia que investigue para quién trabajaba el grupo que retiró más de 260 carteles suyos de los postes del centro de la ciudad. “Queremos saber institucionalmente quien avalaba y daba protección a estas personas. Está claro que era un trabajo encargado por alguien y que actuaban con impunidad, porque sabían que ese alguien los protegía”, expresó.

Pérez Alsina demandó que el fiscal de la causa indague a los tres mayores detenidos y luego liberados. “Antes de ser detenido, uno de ellos llamó y pidió que venga alguien. Me imagino que el fiscal habrá ordenado secuestrar esos celulares para saber a quien llamaron. Estoy seguro que era la persona que los protegía” alertó.

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