Por el ataque a Globovisión, se entregó una aliada de Chávez

Lina Ron fue acusada de liderar la agresión contra la sede del canal privado
CARACAS.- Fuertemente cuestionado por la ofensiva de su gobierno contra los medios de comunicación críticos de su gestión, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció ayer que la dirigente oficialista Lina Ron, acusada de liderar anteayer el ataque contra la sede del canal opositor Globovisión, se entregó a la justicia luego de que la fiscalía ordenó su captura.

"Bien hecho que [Ron] se haya presentado y esté detenida, no hay más alternativa. Violó la ley y debe recibir el peso de la ley", dijo Chávez en cadena de radio y televisión. "Cuando se trata de la ley no puedo meter la mano por nadie ni por nada, porque eso fue una violación de la ley y un acto inaceptable", señaló.

"Ese acto de agresión contra una planta de televisión contrarrevolucionaria lo que hace es darle oxígeno a la contrarrevolución. Le hace daño a la revolución la compañera Lina Ron. Se presta para un juego a favor del enemigo", fustigó el mandatario.

Ron, militante de la Unión Patriótica Venezolana (UPV), aliada del gobierno, defiende lo que llama"chavismo radical". Con frecuencia asiste a actos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pero el gobierno, como en otras ocasiones, tomó distancia de la dirigente.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de Globovisión, unos 30 motociclistas con banderas de la UPV, liderados por Ron, se presentaron anteayer frente a la sede del canal en Caracas y arrojaron bombas lacrimógenas al interior del edificio, luego de reducir al personal de seguridad con armas de fuego, señaló el Ministerio Público. En una toma se puede ver a Ron fuera del canal.

En el ataque, una agente de la policía metropolitana y un guardia privado resultaron heridos. "Fue un acto anárquico que atentó contra la paz del país [...] Nosotros no somos los portadores de la violencia", añadió Chávez.

La agresión contra Globovisión, que ya había sufrido amenazas de cierre por parte del mandatario, y la salida del aire de 32 radios y dos televisoras regionales el fin de semana pasado provocaron protestas en Venezuela y también fuera del país.

Ayer, un grupo de periodistas se concentró ante la Fiscalía General para protestar por la presentación de un proyecto sobre "delitos mediáticos" que prevé penas de hasta cuatro años de cárcel para quien los cometa. "Somos periodistas, no delincuentes", clamaron los manifestantes.

Numerosas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Amnistía Internacional (AI) y Reporteros Sin Fronteras, expresaron su preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

En tanto, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, manifestó su rechazo al cierre de radios en cualquier país por tratarse de un "acto de violencia". También el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, consideró "preocupante" la situación.

Por su parte, el gobierno venezolano cree que hay una campaña internacional contra Venezuela que busca "satanizar" a Chávez. Las emisoras clausuradas forman parte de una lista de casi 300 radios y televisoras locales que, según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dirigida por el ultrachavista Diosdado Cabello, usaban ilegalmente su concesión, atribuida por el Estado.

Dentro del gobierno, el apoyo a la salida del aire de estas radios es unánime. Sin embargo, el proyecto de "delitos mediáticos" parece provocar una mayor prudencia. "Tal como está presentado yo no lo votaría", dijo el periodista y diputado oficialista Earle Herrera.

Esta comisión parlamentaria se reunió ayer para comenzar a estudiar el documento presentado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Por ahora no está previsto que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, debata el texto, que hasta el momento es un borrador y no un proyecto de ley, explicó el secretario del Parlamento, Iván Zerpa. Además, el vocero recalcó que la fiscal no tiene potestades legislativas.

Según algunos diputados, es probable que antes de llevarlo a votación el texto sea presentado a los ciudadanos para medir su aprobación, como ya se hizo con otras leyes.

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