Será una suerte de veraz, un registro en el que aparecerán los nombres y apellidos de aquellas personas y empresas que tengan a su cargo empleados no registrados o en negro. Más adelante, hasta se incorporarían al listado aquellas compañías queno cumplan con los convenios colectivos de trabajo o que recurren a la tercerización laboral.

El Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), creado por la ley 26.940, se pondrá en marcha la semana próxima, según informaron ayer en el Ministerio de Trabajo. Restaría solamente la firma de la presidenta Cristina Kirchner.

La iniciativa, que generó cierto disgusto entre las cámaras empresarias, prevé endurecer las penas para los infractores y facilitar el blanqueo de empleados para los microemprendedores y las pymes mediante un régimen de beneficios impositivos.

Desde hace años, la estadística sobre el trabajo en negro navega por encima del 30 por ciento. El último registro oficial señaló que el 33,1% de los asalariados no está registrado. Es decir, serían casi 4.500.000 personas que no cuentan con aportes jubilatorios ni obra social.

El desafío del Gobierno para 2015 será reducir la cifra a menos del 30%, aunque los pronósticos no son alentadores. "Para lograrlo, hacen falta tres factores: concientización social y empresaria, políticas activas y crecimiento económico. Nos faltaría un contexto económico más favorable. Hoy el problema es la generación de empleo", admitió ayer un jerárquico del Ministerio de Trabajo.

En el Repsal, que próximamente será de acceso libre y público desde un sitio web del Ministerio de Trabajo, aparecerán las sanciones firmes aplicadas por el ministerio y otros organismos, como la AFIP, autoridades provinciales y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Las infracciones que se penarán son trabajo infantil, trata de personas y falta de registración laboral.

Las empresas sancionadas perderán cualquier beneficio estatal, como la quita de subsidios o dejar de oficiar como proveedora. Y en caso de reincidencia, la pena se acentuaría, con la suspensión del monotributo, en caso de que lo sea, o la imposibilidad para deducir Ganancias a partir de los empleados.

El endurecimiento de los castigos generó un contrapunto con las cámaras empresarias, que recientemente cuestionaron en bloque los alcances de la flamante ley de abastecimiento. Cuando se debatió la letra chica del proyecto sobre empleo en negro en el marco del diálogo social, del que también participaron los sindicatos, un empresario planteó una preocupación: "¿Por una profesora de inglés que no está registrada me van a sacar el Gasoducto del Norte?".

Por entonces, otra inquietud radicaba en el eventual "empoderamiento" a los delegados gremiales para que pudieran actuar como inspectores. Ayer, esta posibilidad fue descartada por allegados al ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

De acuerdo con los rastrillajes del organismo, el trabajo no registrado se divide casi en partes iguales en tres sectores: empresas formales, con capacidad contributiva; hogares particulares, y ámbitos informales, que serían cooperativas y emprendimientos autónomos.

La determinación de Tomada será poner mayor énfasis en la fiscalización de aquellos infractores con capacidad contributiva, así como en las compañías reincidentes.

Para los microemprendores (de uno a cinco empleados) y las pymes (de hasta 80 empleados), se activará un programa de incentivos para blanquear a los trabajadores, con reducciones de un 50% en el pago de los aportes y de la aseguradora de riesgos del trabajo. Esta iniciativa apunta a los sectores más vulnerables, como un quiosco..