Asoma el nuevo esquema de poder

Por M. Montenegro.

La coparticipación es una jugada K para cerrar filas en plena campaña electoral. Pero también es una señal de debilidad

“Éste se manejó en el último año como un bruto político, se creyó que el peronismo empezaba y terminaba con él.” Habla de Néstor Kirchner un gobernador justicialista, que participó en los últimos días de diversos actos con anuncios de la Presidenta.

El gobernador está convencido de que después de las elecciones legislativas se abrirá una mesa de consulta informal con sus colegas para “consensuar” junto a Kirchner la toma de decisiones. Revela que esas conversaciones semanales entre mandatarios provinciales ya ocurren. Y dice que ésa será la garantía de la gobernabilidad hasta 2011, cuando –descuenta– habrá un nuevo presidente peronista que, por supuesto, no cree que vaya a ser Kirchner o señora.

El proyecto de coparticipar los ingresos por retenciones es una jugada del Gobierno para cerrar filas en la tropa de mandatarios provinciales, que durante el último año pagaron el costo político del conflicto con el campo. Para colmo, después, con la recaudación de los tributos provinciales jaqueada por el parate económico, debieron enfilar en peregrinación a Olivos en búsqueda de fondos que les permitieran pagar sueldos o planes sociales.

Bien conocen de esas penurias el cordobés Juan Schiaretti y Daniel Scioli, en la provincia de Buenos Aires, que en las últimas semanas reclamaron un salvataje para abonar salarios y jubilaciones al día, después de que la recaudación de impuestos locales y de transferencias automáticas desde la Nación sufriera el cimbronazo de la recesión.

El 51% de los gastos provinciales se destina al pago de salarios, mientras que en el caso de la Nación la masa salarial insume sólo el 13% de las erogaciones. Así que, con los ingresos en picada, un aumento a empleados públicos del 10% (módico para el año electoral) pondría en rojo a la mayoría de los presupuestos provinciales. El dilema es simple: si la Nación no cubriera esos déficits, volverían a circular en varias provincias los bonos (cuasimonedas) que hicieron furor en el 2001-2002.

Entregar parte de la billetera (el 30% del total de la recaudación por retenciones a la soja, unos 6.500 millones de pesos) a tres meses de las elecciones es una movida astuta, porque coparticipa políticamente a los gobernadores de fondos que igualmente, en muchos casos, la Nación debía gatillar para tapar agujeros fiscales en el interior.

Pero es también una señal de debilidad, de cambio de época, frente al poder de los gobernadores peronistas, que, como se dijo más arriba, pretenden eregirse en “garantes” de la gobernabilidad. Significa compartir, aunque sea parcialmente, una chequera que hasta ayer contó con una única firma autorizada.

En la era K, el manejo de las “transferencias no automáticas” a provincias siguió siempre un patrón groseramente discrecional regido por la cercanía a la Rosada y alejado de cualquier criterio de distribución geográfico o poblacional. Adaptado a los nuevos tiempos, un patrón equivalente al que desplegó Carlos Menem en los noventa. Por ejemplo:

• Según datos del Ministerio de Economía, de los casi $7.500 millones en “transferencias de capital”, para financiar obras y otras inversiones, que distribuyó la Nación en 2008 (hasta el tercer trimestre, último dato disponible), $973 millones (13% del total) se dirigió a Santa Cruz.

• A Catamarca, con una población similar, se destinaron $35 millones (0,5% del total); a San Luis, 12 millones (0,2%), y a Corrientes, 76 millones (1%).

• A Santa Fe, apenas $180 millones (2,4% del total) y a Córdoba, 270 millones (3,6%).

• Incluso algunas jurisdicciones peronistas, alineadas sin chistar con la Rosada, están subrepresentadas frente al terruño del matrimonio presidencial: a Chaco llegaron 217 millones (2,9%).

• Cada vez que mira la planilla, Scioli no sale de su asombro: sólo le llegaron 1048 millones, el 14% del total.

Los $2.137 millones de “transferencias de capital” que ejecutó la Nación en 2008 en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires engañan. Se explican por los fondos a AySA, a NASA S.A. (Nucleoeléctrica S.A.) y los subsidios a concesionarios de ferrocarriles.

El cambio en el reparto de los 6.500 millones de retenciones que cederá la Nación será drástico. Según un informe de la consultora Economía y Regiones, siguiendo los coeficientes de distribución de la ley de coparticipación, el 21% ($1.383 millones) deberían ir al fisco bonaerense; el 8,5% (599 millones) a Córdoba; 8,6% (562 millones) a Santa Fe; 4,8% (314 millones) al Chaco, etcétera. A Santa Cruz, sólo el 1,5% (99 millones). Y a la Ciudad de Buenos Aires, relegada en la coparticipación, 155 millones de pesos.

DE FRENTE. La idea de segmentar las retenciones –vía subsidios o devolución de impuestos– a las exportaciones fue considerada en el Gobierno. Julio De Vido y Sergio Massa, acompañados por Débora Giorgi y el propio secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, simpatizaban con la estrategia de favorecer a los productores más chicos, terminar así de desgajar a la mesa de enlace y desactivar el conflicto en plena campaña electoral. Pero Néstor Kirchner la desechó con el argumento del costo fiscal: unos 1.500 millones de dólares. Que se sepa, nadie exploró alternativas para lograr la neutralidad fiscal de la medida, como una mayor carga tributaria a grandes pools de siembra y holdings agropecuarios.

Los dirigentes rurales y buena parte del arco político interpretaron el anuncio de coparticipar la renta a los gobernadores como una declaración de guerra a los dirigentes agrarios. Y, a juzgar por la reacción, lo fue.

El ex presidente cree que la protesta rural languidece. Piensa que sólo se mantiene viva gracias a la cobertura mediática y que no será un estorbo en la campaña electoral. Tampoco le preocupa demasiado que los productores (perdón, los “patrones rurales”) acaparen sin liquidar parte de la cosecha –de acuerdo con cálculos oficiales, por valor de unos 3.000 millones de dólares. Dice que, tarde o temprano, entre mayo y junio, deberán vender e ingresar esas divisas al país si no quieren quebrar. Habrá que ver si esta vez acierta en el diagnóstico.

PELOTUDEZ. “Es una pelotudez, no vamos a volver este año al Fondo.” Así habla, en privado, Néstor Kirchner, sobre la posibilidad de negociar préstamos del FMI, después de las elecciones. Como se dijo en esta columna, con la recaudación desinflándose, al Gobierno no le alcanza “la caja” para llevar adelante una política keynesiana (con obras, aumentos salariales y planes sociales) que sostenga el mercado interno y, simultáneamente, le permita cumplir con todos los vencimientos de deuda. En el primer bimestre, la recaudación creció el 13%, y el gasto público, el 25 por ciento. La Argentina, a diferencia de Estados Unidos, no puede imprimir alegremente billetes ni emitir bonos de la deuda. Si el plan es mantener la expansión del gasto público, para amortiguar el impacto de la recesión, entonces habrá que conseguir financiamiento de algún lado.

Una alternativa, evaluada en el “equipo económico”, es regresar al Fondo, siempre y cuando el organismo acepte desembolsar créditos sin los condicionamientos del pasado.

Pero quien decide la vetó con elegancia, al menos por ahora. Además, en la Rosada admiten que negociar esos préstamos llevaría varios meses, con lo cual no serían aplicables este año.

Otra alternativa es echar mano a las reservas del Banco Central. Pero en medio de una corrida al dólar sería muy riesgoso para la estabilidad cambiaria.

Finalmente, todo apunta a una nueva reprogramación de vencimientos de deuda, de confirmarse la realización de los comicios el 28 de junio. En agosto vencen u$s2.400 millones de Boden 2012 y en diciembre no menos de u$s1.200 millones del cupón PBI. Ya se trabaja en la ingeniería financiera que permita “patear para adelante” el calendario de pagos.

VERDE, VERDE. La demanda de dólares, sobre todo de parte de compradores minoristas, se acrecentó en bancos privados y oficiales. Entre los funcionarios-economistas K gana espacio la idea de que después de las elecciones habría que modificar la política cambiaria. Creen que un dólar más alto (¿arriba de 4 pesos?) resolvería varios problemas: atenuaría el impacto de la recesión en el mercado local, recompondría la oferta de divisas, frenaría la sangría de reservas que se prevé por la caída del superávit comercial y, sobre todo, acallaría los cuestionamientos a las retenciones, fuente de financiamiento en el corto plazo de las políticas keynesianas. También cuestionan la estrategia gradualista, de vender “reservas baratas” a los sectores medios y altos, con capacidad de ahorro. La discusión ya se había dado a fines del año pasado, cuando el matrimonio presidencial zanjó a favor de la política gradualista del titular del Banco Central. Martín Redrado avisó que si la idea es devaluar de golpe después de las elecciones, no cuenten con él.

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