El martes próximo, en el marco de los encuentros que se dan cada 15 días en la Comisión de Usuarios de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), las ONG de consumidores debatirán una serie de aportes para mejorar el Reglamento del Usuario de la Telefonía Celular. Entre esos aportes, uno central es que las tarifas que cobran las empresas no sean totalmente libres, sino que el Estado pueda regularlas en base a los esquemas de costos de los prestadores.

Además, las entidades pedirán que el gobierno extienda el plazo de debate popular de la iniciativa más allá del 21 de octubre, fecha inicialmente tomada como tope para la puesta en marcha de la normativa. "El tema tarifario es muy importante, estamos de acuerdo con las bases del reglamento, pero los valores no pueden ser totalmente libres", explicó a Tiempo Argentino Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. En la misma línea, Osvaldo Bassano, de Adduc, detalló que "lo importante es que podamos acordar con el gobierno para que se considere el celular como un servicio público, lo que permitirá al Estado controlar las tarifas".

El defensor de los usuarios aclaró que "tomamos como base el reglamento, pero no cumple con toda la protección dispuesta por la Ley de Defensa del Consumidor" y agregó que "el precio que cobran debe estar en relación con sus ganancias y con sus inversiones, que son lo que influyen en la calidad del servicio". Actualmente, hay cerca de 59 millones de celulares en todo el país, y el reglamento que elaboró la secretaría de Comunicaciones que conduce Norberto Berner apunta a mejorar la calidad de un servicio notoriamente deficiente en los últimos años, por la carencia en las inversiones.

Para Pedro Busetti, de Deuco, "la cuestión tarifaria es la más sensible porque, por ejemplo, las empresas cobran diferente a lo que son planes fijos y lo que es prepago, hay un limbo que el Estado tiene que corregir para decir que la tarifa es una".

Según estudios que tiene Deuco, hoy el precio del pulso de las tarjetas prepagas es hasta 300% más caro que el de los planes fijos, "y las empresas se quedan incluso con el saldo que se cargó y no se gastó". Hoy hay en el Congreso Nacional nueve proyectos para declarar a los celulares servicio público, tres de ellos corresponden al oficialismo. Con esa base, las ONG intentarán convencer al Estado de regular aspectos centrales de la prestación, como la cuestión tarifaria.

Por último, las organizaciones pedirán que se extienda el plazo de debate, para que haya más debate ciudadano para mejorar el reglamento. "Queremos una iniciativa ejemplar, como la Ley de Medios, que circuló y se debatió por todo el país antes de ser tratada", concluyó Busetti. Hoy, en Mar del Plata, la Secretaría de Comunicaciones llevará a cabo la tercera jornada de debate del reglamento del usuario, luego de haberlo presentado en Río Negro y Buenos Aires.

Hace más de un mes, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 681, que dispone la creación del reglamento "para un uso eficiente y racional de la red y el espectro radioeléctrico en atención al avance tecnológico y las necesidades de los usuarios". En este contexto, las empresas tendrán un plazo de 90 días para presentar planes de inversión concreta y el gobierno espera que en seis meses haya mejoras en la calidad de servicio. Otro de los puntos de la norma establece la creación de un registro de infractores discriminado por prestadora para verificar en detalle las infracciones reiteradas. "Es una base, pero mejorable, peleamos por eso", concluyó Bassano. «