La Asociación de Magistrados repudió críticas del Gobierno

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut manifestó su enorme preocupación ante las declaraciones del ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia, Máximo Pérez Catán, quien dispondría de enviados especiales a las audiencias donde se decida la libertad de los imputados, con la finalidad de controlar los fundamentos de estas y, si el fundamento les pareciera ilegal, se les iniciaría juicio "político" a los jueces actuantes.
La preocupación de la Asociación tiene varias razones, según se hizo saber en un comunicado de prensa. En primer lugar se argumenta que las críticas de Máximo Pérez Catán confunden a la opinión pública, ya que el ciudadano medio al leer al ministro puede interpretar que las audiencias en los Tribunales Penales son secretas cuando ello no es así.

El nuevo Código Procesal Penal dispone que todas las audiencias son públicas, precisamente para permitir el control de cualquier ciudadano sobre los fundamentos de la decisión de los jueces. Es decir que los ciudadanos -o cualquier funcionario de los otros poderes- pueden asistir libremente a las audiencias. Es más, sería sano que cada vez fuera más gente a las audiencias para que se pueda opinar con algún grado de conocimiento y sensatez sobre cada uno de los hechos.

"Esto último, si bien es un derecho de los ciudadanos, se transforma hoy en casi un deber para los dirigentes que quieran opinar con seriedad y responsabilidad sobre los hechos concretos y las decisiones judiciales, puesto que de lo contrario caen en opiniones efectistas y superficiales que sólo sirven para el marketing político, pero que no aportan en nada a las soluciones concretas y lo único que hacen, en definitiva, es desinformar irresponsablemente a la opinión pública, poniendo de esta forma un granito de arena más a la desconfianza creciente de la gente hacia cualquier tipo de autoridad, lo que va en desmedro de la calidad institucional", señalan desde la Asociación.

"La otra preocupación de esta Asociación –continúa-- es la amenaza de iniciar juicio político a los jueces que decidan libertades en contra de las interpretaciones de la Ley que hagan los funcionarios provinciales. Una vez más hay que repetir hasta el cansancio que la interpretación última de las leyes en un Estado de Derecho le corresponde al Poder Judicial y no al Ejecutivo, ni al Legislativo que sólo intervienen en su sanción y ejecución a través de leyes y decretos".

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