La Asociación Judicial reclama incluir un ciudadano común en el Consejo de la Magistratura

La filial local de la AJB gestiona que se incluya un ciudadano común entre los miembros del Consejo de la Magistratura, como existe en otras provincias. Su titular, Rozas, expuso los fundamentos de esta iniciativa.

En el marco del reclamo para que se "democratice y se transparente" el sistema de designación de jueces y funcionarios, la filial local de la Asociación Judicial Bonaerense comenzó a gestionar que se modifique la Ley de conformación del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo, entre sus miembros a, por lo menos, un ciudadano común. La idea no es original, ya que tal particularidad existe en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos.

Así lo dio a conocer, en diálogo con LA CAPITAL, el secretario general de esta entidad, Osvaldo Rozas, quien también expresó su apoyo y solidaridad con las gestiones que para que se motiven las designaciones de magistrados, vienen realizando tanto el doctor Jorge Felices, como el secretario de la Cámara Penal, Marcelo Zarlenga (ver aparte).

Sobre el caso de Felices, el entrevistado explicó que "este ex funcionario del Tribunal Laboral se presentó a concursar para el cargo de juez en este mismo fuero. Lo hizo en tres ocasiones, en las que quedó igualmente ternado. Pero sin expresarles los motivos, quedó siempre relegado, como tampoco se expusieron los fundamentos de por qué eran elegidos otros jueces".

Suspenden los nombramientos

"Ante esta situación anómala -continuó- el doctor Felices interpuso una demanda en el juzgado Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, a cargo del juez Luis Arias. El magistrado solicitó inmediatamente a la Legislatura los antecedentes del caso al igual que al Consejo. Pero como no recibió respuesta de ninguno de estos organismos, resolvió suspender la designación de los jueces para el Tribunal Laboral local".

Con relación al propósito de lograr "mayor democratización y transparencia en la designación de magistrados", Rozas recordó: "cuando en 1994 se realizó la reforma de la Constitución Provincial se había planteado en la conformación del Consejo de la Magistratura, incluir a un ciudadano común, del mismo modo que es requisito en provincias como Santa Cruz, Chubut y Entre Ríos".

"La particularidad que tiene que tener este representante popular es que no debe estar relacionado con el Poder Judicial, en ningún aspecto. Por ejemplo, en Chubut, fue designado un agrimensor y en Entre Ríos, hay una docente", prosiguió.

Después sostuvo que "en esta última provincia también se da una particularidad, ya que la persona que es candidata sale por radio, y la gente tiene la ocasión de interpelarla en el aire, haciéndole preguntas o comentarios".

"Claro que no es suficiente -acotó- que sea sólo una persona de otra profesión, también deberá reunir otros atributos como una conducta ejemplar y trayectoria en defensa de los Derechos Humanos, entre otros".

Rige el nuevo sistema

de mediación judicial

Desde el pasado martes rige en la provincia de Buenos Aires la Ley 13.951que establece el régimen de mediación como método alternativo de solución de conflictos. La ley dispone someter a esa instancia previa las causas de carácter civil y comercial y busca descomprimir la sobrecarga de tareas en los juzgados.

En esta dirección, el presidente del bloque de senadores de la UCR, Jesús Porrúa, coautor con el senador Diego Rodrigo del proyecto original, explicó que "la mediación tendrá carácter de previa y obligatoria, como medio alternativo para dirimir conflictos judiciales en diversas materias, y contempla además una instancia de mediación voluntaria".

Asimismo, Porrúa sostuvo que este sistema de mediación obligatoria "no significa únicamente aliviar problemas de sobrecarga de tareas, debido al volumen de demandas existentes que soporta el Poder Judicial, sino que representa una nueva forma para emprender la búsqueda de un resultado por parte de la Justicia".

Sin embargo el legislador precisó que este sistema "en ningún caso altera el derecho que cada persona tiene de recurrir ante la Justicia, tampoco está destinado a sustituir la jurisdicción como una de las funciones esenciales del Estado, sino que sólo se ha institucionalizado como un medio alternativo para resolver la situación de conflicto".

Cabe destacar que este procedimiento comenzará a funcionar dentro de los 360 días a partir de la promulgación. La mediación tiene carácter de obligatoria como instancia previa a todo juicio, con las excepciones contempladas en la misma ley: causas penales, divorcios, nulidad de matrimonio; filiación y patria potestad, alimentos, guardas adopciones. También se exceptúan los procesos de declaración de incapacidad, de rehabilitación, las causas en que los estados nacional, provincial o municipal sean parte, los amparos, hábeas corpus, medidas cautelares, sucesiones y juicios voluntarios, concursos preventivos y quiebras, las acciones promovidas por menores que requieran intervención del Ministerio Público y las causas que tramiten ante Tribunales Laborales y Juzgados de Paz Letrados. En los procesos de ejecución y en los juicios por desalojo será optativa para el reclamante.

Al respecto, Porrúa explicó que la ley establece que las presentaciones deben ser realizadas ante la Receptoría General de Expedientes, sorteándose en el mismo acto un Mediador que entenderá en el reclamo interpuesto y un juez que deberá homologar del acuerdo entre las partes. "En este caso -aclara el legislador- todos los mediadores deberán ser abogados, tener tres años en el ejercicio de la profesión y encontrarse matriculados, cumpliendo los requisitos de capacitación de acuerdo a la reglamentación que realizara la autoridad de aplicación".

También existe la figura del mediador voluntario para lo que se establece la condición de poseer título universitario, 3 años de ejercicio y matrícula profesional. Podrán actuar a solicitud de parte y de acuerdo a los requisitos que determinen los Colegios Profesionales respectivos.

En esta dirección, el legislador precisó que para la selección de los mediadores *"se crea una comisión de selección y contralor de los conciliadores, lo que jerarquiza la función de éstos, a la vez que otorga mayor transparencia y control al procedimiento". Del mismo modo, aclaró que "la ley prevé la creación de un Registro de Mediadores y crea un fondo especial de financiamiento para solventar a los mediadores por sus tareas y a los letrados intervinientes".

Porrúa destacó que es muy importante para la Provincia el avance en esta materia, ya que "en nuestro país, la ley 24.573 instituyó en Capital Federal la mediación y la conciliación previa a todo juicio desde 1996 . Le siguieron más tarde varias provincias como Río Negro, Corrientes, San Juan, Mendoza, Córdoba, entre otras. En Chaco se está tratando un proyecto a los fines de modificar la ley vigente de mediación voluntaria, para convertirla en obligatoria y en Provincias como Santiago del Estero y San Luis el procedimiento es voluntario".

Por último, el senador Porrúa destacó el trabajo de todos los integrantes del cuerpo ya que a partir del mismo "pudimos compatibilizar diferentes puntos de vista y propuestas". Debemos resaltar -concluye el legislador- el compromiso y el trabajo personal del ministro de Justicia Dr.Casal para que este proyecto tuviera viabilidad. Su aporte fue de una enorme importancia y no dudamos que pondrá el nuevo proceso en marcha rápidamente".

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