Asociación de Consumidores no participará de audiencia pública

La Asociación Riojana del Consumidor anticipó que no participará de la audiencia pública para renegociar el contrato de concesión de la empresa Aguas de La Rioja. Es por "la experiencia adquirida a partir de la anterior audiencia publica realizada para establecer el nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica y la presentación de nuestro proyecto de Tarifa Social".
"Siempre se dijo que privatizar los servicios públicos fue con un fin de mejorar la prestación del servicio, pero vemos que tal misión no es así".

Sostienen que "el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la cantidad mínima de agua a las personas, para uso personal y doméstico y para prevenir enfermedades. Por consiguiente la gestión del agua pública, debe asegurar equidad en lo social, partiendo del principio fundamental de que el agua no es una mercancía sino un derecho. Transformar a los ciudadanos en clientes margina a aquellos que carecen de recursos".

Incumplimiento

ARCo dice que a través de los estudios comparativos realizados llegaron a la conclusión que la gestión privada no mejoró el servicio ya que "las empresas rara vez cumplen con los planes de inversión y mejoras a los que se habían comprometido en los contratos de concesión, no pagan cánones y se aprovechan casi siempre de las obras que se realizan por contribución de mejoras, que son soportadas por los usuarios y se transfieren sin contraprestación alguna".

"Respecto de las obligaciones asumidas, como las relativas a la educación ambiental, el uso responsable del recurso, el saneamiento, la preservación y recuperación de las fuentes de agua y el ahorro en el consumo son nada más y nada menos que letra muerta y en algunos casos solamente se limitan a simples slogan publicitarios".

La asociación señala otro aspecto que tiene que ver con los costos sociales adicionales que generan estas concesiones: "se otorgan libres de pasivos, los que son absorbidos por el Estado concedente (lo paga la sociedad) y además casi sin excepción, previo al proceso de privatización, se encaran políticas de despidos o retiros voluntarios del personal afectado al servicio, lo que incrementa los índices de desocupación. Las empresas desde una concepción mercantilista y en cierta medida autoritaria se niegan a reconocer el carácter de usuarios a quienes le prestan el servicio, llamándolos clientes, inspirados en la filosofía de la sociedad de consumo, en la cual el agua es una mercancía más".

Prestación

Según la asociación existe: "falta de alcance, cuando el servicio no llega a los pobres, pese a obligaciones contractuales; mala calidad del agua, prestación de servicio de pésima calidad; los precios se elevan de manera injustificada en relación alas inversiones; inversión insuficiente; y corrupción, cuando se induce a los responsables de la real tutela del servicio, a tomar decisiones erróneas, perjudicando al usuario".

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