Asociación Antidrogas insiste en pedir una ley para controlar a funcionarios

La delegación local de la Asociación Antidrogas de la República Argentina se reunió con asesores de diputados en la Legislatura, para insistir en su pedido de que la provincia apruebe una ley que obligue a funcionarios, legisladores y magistrados a realizarse controles que determinen si consumen o no drogas ilícitas.
“Los asesores de los diputados nos dijeron que una ley de ese tipo sería inconstitucional, pero para nosotros eso no es así. Si a cualquier persona antes de tomarla en un empleo la obligan a realizarse todo tipo de estudios, o si se controla que los deportistas no consuman drogas, cuanto más corresponde en el caso de personas que tienen importantes responsabilidades públicas”, dijo Miguel Chamorro, delegado de la organización.

Discusión abierta

Chamorro dijo que en el encuentro mantenido en la Cámara, los asesores legislativos plantearon que imponer los controles solicitados “implicaría violar lo que dice el artículo 19 de la Constitución Nacional, que resguarda las decisiones y acciones de las personas en el ámbito de su vida privada que no afecten a terceros. Pero para nosotros esa cláusula no es aplicable en este caso, porque quien ocupa un cargo en el Estado es un hombre público y tiene responsabilidades especiales”.

“Si de verdad se quiere combatir el consumo de alcohol y de drogas, no se puede tener funcionarios que estén actuando a contramano de eso. Los funcionarios deben ser personas transparentes, por lo cual quienes cumplan esa condición no tienen porqué temer a ningún tipo de estudio”, dijo Chamorro.

Además dijo que la necesidad de la ley quedó expuesta “por tres situaciones notorias. La primera es la reciente internación de dos funcionarios por haber consumido cocaína adulterada; la segunda son los controles que hacen Padres en la Ruta, donde ellos mismos relatan que suelen encontrarse con funcionarios manejando ebrios o que se niegan al control de alcoholemia; y el tercer punto es que estamos en una zona de frontera en la que se sabe que hay conexiones de organizaciones dedicadas al narcotráfico”.

“Hay que garantizar que los funcionarios, los jueces y los legisladores no tengan nada que ver con todo esto. Los análisis clínicos no son una acción suficiente, pero es necesaria y aporta”, sostuvo.

El pedido formal ingresó a la Legislatura en febrero y propone que la ley determine que “todo funcionario público del Estado provincial deberá someterse en forma regular a exámenes de control sanitario ante los distintos servicios médicos de carácter oficial”.

Esos controles, dice, deberán contar “con la supervisión directa del Sistema de Medicina Legal Forense dependiente del Poder Judicial del Estado provincial” y consistirán en “controles de alcoholemia, controles rinoscópicos y análisis complementarios (toxicológicos)”.

“Funda esta necesidad dice la nota- para contar en el futuro con funcionarios públicos sanos, fértiles y cristalinos, dedicados a trabajar duramente por su pueblo con entrega, sin egoísmos, hombres públicos que sin proponérselo son ejemplo y espejo de niños y jóvenes futuros cuadros políticos del mañana”.

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