El asistencialismo alcanza a 85 millones en Presupuesto 2009

Subsidios, becas, pasantías, pensiones, préstamos dirigidos –Rucalhué y Nehuentún– y programas asistidos son las principales armas de la política oficial para la cooptación política en La Pampa.
JUAN JOSE REYES

En el Proyecto de Presupuesto 2009 enviado a la Legislatura los montos referidos a esas herramientas políticas trepan a 71.518.016 pesos, sin contabilizar aportes no reintegrables a las comunas (coparticipación secundaria). Los subsidios del Poder Ejecutivo Provincial llegan a 43 millones, los de los legisladores, a 4,8; las becas, 2,93; las pasantías, 6,77; las pensiones graciables, 18,24; los créditos asistenciales, 1,1; y los programas asistenciales, 9,2 más.

Pero la mayor desconfianza de la sociedad pasa por el destino de los gastos reservados o “fondos de la vergüenza”. Aquellos llegarán a 2.681.418 pesos el próximo año. Entre esos dineros públicos, que nadie sabe a donde van, pues no necesitan documentación respaldatoria para cobrarlos, figuran los del gobernador Oscar Mario Jorge, 387.263 pesos; los de los 26 diputados, 2.105.190; los del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, junto a la Policía, 140.965; y los asignados a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), 48 mil. Es decir que el 3% de un presupuesto de 2.958 millones (85) son serviles al poder.

Transparencia.

La transparencia en la función pública no es un antónimo del mal manejo de los fondos, de ninguna manera. La transparencia es un concepto que se usa en el sentido amplio para que cualquier pampeano pueda tener acceso a la información que necesita. Eso es transparencia. Es decir que si una persona, un ciudadano común, quiere saber quién es un asesor o un secretario privado de un ministro o legislador, cuánto cobra de viáticos, qué “estímulos” tiene, cómo y a quién se direccionan los subsidios, tiene que saberlo.

La actual página web del gobierno provincial nada indica acerca de la distribución de los gastos no personales como viáticos, adicionales, alquileres, celulares contratos y los oprobiosos gastos reservados y subsidios que tienen los integrantes del PEP y en menor medida los legisladores. Menos aún las ejecuciones presupuestarias y rendiciones de gastos dentro del mismo año de consolidarse.

Vergüenza.

Desde hace 54 años existe tal mecanismo mediante una norma jurídica que nadie ha querido tocar en más de medio siglo y es la vieja Ley de Contabilidad N° 3. En efecto la Ley de Contabilidad y Organización de Contaduría General y Tesorería General de la Provincia de La Pampa fue aprobada por diputados el 17 de junio de 1953 (gobernación de Ananía). En su artículo 54 dice: “Los gastos de representación, cortesía, retribución de servicios, comisiones especiales a cumplir fuera de la provincia y los gastos reservados no se hallan sujetos a rendición de cuentas en cuanto a su inversión. También se incluyen los gastos eventuales asignados a la gobernación, Legislatura y ministerios cuando no excedan las cantidades que se fijen en el decreto reglamentario”.

Los gastos reservados en 2009 para el gobernador Oscar Mario Jorge son de 387.263 pesos. Los de la Legislatura provincial trepan a 2.105.190; y los del Ministerio de Gobierno y Justicia y Policía provincial, ascienden a 140.965. Otro organismo que tiene este tipo de partidas sin ningún tipo de justificativos lógicos, como si los podrían tener los servicios de seguridad, es la Dirección Provincial de Vialidad con 48 mil pesos anuales.

En otras palabras, las partidas de dinero que no necesitan comprobantes en la discriminación de sus gastos son de 2.681.418 pesos. Para poder mensurar este tipo de gastos sólo faltaría decir que los del gobernador llegan a 1.060 pesos diarios (32.272 pesos por mes) y los de los diputados, a 6.747 al mes. Como se puede apreciar los gobernadores y legisladores cambian, lo que no se modifica son los dineros del erario público que no necesitan rendición.

En cuanto a los fondos o partidas reservados en La Pampa, el Tribunal de Cuentas no tiene facultad alguna para observarlos o impugnarlos, pues no existen por Ley de Presupuesto (allí sólo hay gastos sin discriminar). No registra ni inquiere detalles de ellos, lo único que puede hacer es velar (hasta hoy nunca lo hizo) porque no se sobrepase el monto permitido. Por estos subterfugios legales, el dinero cobrado a los contribuyentes de la provincia que van a gastos reservados y subsidios se traspasa tanto al PEP como al Legislativo (solamente el Poder Judicial no cuenta con aquellas partidas) sin contralor alguno. En ambos poderes subsiste la resistencia a eliminar estas partidas de gastos sin discriminar que representan un incuestionable abuso en el empleo de los fondos públicos que generan además suspicacias año tras año dentro de la sociedad.

Andurriales presupuestarios.

Evidentemente hay otros gastos, que aún figurando en el presupuesto, pues aparecen con codificadores pomposos y complicados de entender para la gente común, también juegan al arbitrio del poder de turno. De allí salen una buena parte de los sobresueldos de los funcionarios además del cobro de compensaciones por gastos que, como se explicó, no están obligados a justificar (viáticos y movilidad; cortesías y homenajes, honorarios y retribución a terceros, etcétera). Su desmesura e iniquidad, son altamente irritantes para los pampeanos.

Entre ellos se pueden apreciar los subsidios por asistencia alimentaria por 23 millones; los dineros girados a entidades benéficas e instituciones (MBS) por 6,2 millones (a personas van en forma directa 1,86 millones), como así también los famosos “préstamos” Rucalhué y Nehuentún, que nadie devuelve, por un millón más; las becas educativas (MCyE y MBS) por 2,92 millones; las pasantías (trabajo en negro disfrazado) por 6.772.136 pesos; las pensiones graciables por 18,24 millones, bajo 9 leyes diferentes, y los aportes a actividades no lucrativas, digitados por el Ministerio de Hacienda, por 5,3 millones.

En total los subsidios del PEP llegan a 36,6 millones de pesos y los legislativos a 4.800.000 (185 mil pesos al año para cada diputado), por tanto el total de las dádivas (subsidios) es de 41.458.756 pesos.

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