Asignaturas pendientes

Habrá que ver si el oficialismo comunal sortea sin demasiados escollos el tratamiento de ordenanzas vitales para la continuidad de su gestión. Desde la oposición prometen revisar con detalle la lista de mayores contribuyentes, ya que habría formalidades que no se cumplimentaron como corresponde. De todos modos, aquí la cuestión de fondo es política: cómo convalidar el aumento de tasas en épocas de contribuyentes con bolsillos flacos.
De todas maneras, no se avizoran dificultades profundas para aprobar ordenanzas como la Fiscal Impositiva. Quizá tampoco con el presupuesto, que será seguramente enviado durante el mes de noviembre, para ser tratado con la actual composición del Concejo Deliberante.

El 10 de diciembre se van 12 concejales, muchos de ellos vinculados a la antigua estructura del peronismo platense.

En el bruerismo confían en que el próximo bloque será más homogéneo. Confían en poder llevar a cabo proyectos más ambiciosos que serán vitales para el éxito de la gestión. Algunos dependen sólo de la capacidad de iniciativa y gestión del departamento ejecutivo, que los extraños ponen en duda, habida cuenta de los primeros dos años pasados.

La reforma del Código de Planeamiento traerá, entre otras cuestiones, el tema de las cocheras subterráneas, estrechamente vinculadas al flujo de vehículos particulares y el desordenado tránsito platense, lo que a su vez puede constituir millonarios negociados para grupos cercanos al poder.

Se juega mucho la gestión de Pablo Bruera cuando busca fomentar que los vecinos recuperen al transporte público de ómnibus como una alternativa para trasladarse en una ciudad con una geografía cada vez más extendida. Precisamente, el sistema de transporte ha sido el talón de Aquiles de la anterior gestión comunal, y lo sigue siendo ahora pese al maquillaje cosmético que se instrumentó desde el bruerismo. Incluso algunas líneas están suprimiendo recorridos.

El fracaso de la reforma propuesta hace casi una década hizo que no acompañara el crecimiento del parque automotor y de motocicletas. El bajo poder adquisitivo del salario de los empleados públicos hizo el resto. Esto, a pesar de los subsidios que el Estado nacional abona religiosamente para sostener a las compañías de transporte.

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