Este miércoles en su edición impresa, La Opinión analiza la situación de la recolección de residuos, cuya empresa a cargo vía contratación directa reclama al Gobierno alrededor de 30 millones de pesos de deuda, que provocó la semana pasada dificultades para abonar los salarios de los trabajadores.

El Estado local le debe a Ashira 19 millones de pesos que corresponden al contrato vigente para este año, firmado luego del fracaso de la licitación pública convocada, que quedó desierta cuando esa empresa, única oferente, presentó una propuesta que superaba el monto previsto en el pliego.

Los otros 11 millones corresponden a convenios de refinanciación de deuda, que son los que no al no estar judicializados puede ser rediscutidos para que las partes avancen en un acuerdo, algo que intentaron hacer pero sin que pudieran acercar posiciones, lo que derivó en la crisis de la semana pasada.

El Gobierno había propuesto pagar tres cuotas de 500 mil pesos -noviembre, diciembre y enero- y que a principios del año que viene el próximo intendente pudiera debatir con la empresa las condiciones para cumplir con los compromisos.

Ashira respondió a ese plan con una contrapropuesta que fue rechazada por el Ejecutivo. Comprendía el pago de cuatro cuotas de 1,950.000 pesos y una quinta de alrededor de 5 millones, que saldaba la deuda refinanciada.

El Gobierno dijo que no porque no podía garantizar el pago de una suma semejante y además porque consideraba que no era correcto dejarle un compromiso por delante de esas características al intendente electo, Cecilio Salazar.