La Corte Suprema de Justicia dio la razón a la empresa constructora que inició la demanda contra el Estado Municipal por la rescisión de un contrato que establecía la pavimentación de todas las calles comprendidas dentro de las cuatro avenidas de la ciudad, en los años de la dictadura militar.

Taurant evaluó: “Había un intendente municipal, pero en una situación anómala. Quien gobernaba materialmente era el gobernador/interventor, la responsabilidad de cada una de las decisiones era del gobernador/interventor. Entonces, es muy injusto para los habitantes de la ciudad de San Luis: ¿Por qué debe la Municipalidad de San Luis responder por una deuda que en definitiva sus legítimas autoridades no contrajeron?”.

La Corte sentenció a la Municipalidad a pagar a la empresa constructora una suma de tres millones de pesos en 1988. Taurant, quien fue durante 15 años apoderado del Municipio, señaló que en la última actualización, el monto ascendía a los 39 millones de pesos.