Aseguran que la Red Vial del Atlántico constituye "un verdadero disparate"

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) denunciaron que la Red Vial del Atlántico constituye "un verdadero disparate" y "un fabuloso negocio que sólo beneficiará al concesionario". Reclamaron la inmediata rescisión de los contratos de concesión por considerarlos "leoninos" e "ilegales. "Basta de cabinas de cobro de peaje y de aduanas interiores en la Autovia 2 y en la ruta interbalnearia 11", manifestaron.
A través de un comunicado, representantes del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) repudiaron "la actitud autoritaria y antidemocrática del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de la ministra de Infraestructura, Arq. Cristina Álvarez Rodríguez, y de los legisladores provinciales del FpV, que posibilita la relicitación por 30 años más de las concesiones escandalosas de la Autovía 2 y ruta interbalnearia 11, bajo el nefasto y perverso régimen de falso peaje o impuesto al tránsito".

En ese marco, y ante la decisión del Gobierno provincial, desde la entidad exigieron "la inmediata rescisión de los actuales contratos de concesión de los dos corredores viales por leoninos e ilegales" y consideraron que "de ninguna manera deben ser indemnizados los actuales concesionarios, ya que ellos deberí­an devolver a los usuarios viales el dinero que se les ha cobrado en forma indebida durante más de18 años a través de tarifas abusivas e ilegales que violan lo expresamente establecido por la Ley 9.254" .

A su vez, lamentaron "la actitud autoritaria y antidemocrática del gobernador Scioli y de la Ministra de Infraestructura quienes, sin consultar ni escuchar a las distintas entidades de usuarios viales, reinciden con la idea de efectuar una nueva licitación bajo el mismo régimen perverso de falso peaje o impuesto al tránsito, que tantos perjuicios económicos ha ocasionado y sigue ocasionando a los usuarios viales y a la comunidad en su conjunto".

También expusieron su rechazo categórico al hecho de que se continúe con el sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta, "ya que existen métodos de financiamiento vial más adecuados como el peaje indirecto o en la sombra, el sistema CREMA (Construir, reparar y mantener), COT (Construir, operar y transferir); todos sin cabinas de cobro en ruta ni aduanas interiores".

Asimismo, desde el CONADUV remarcaron que "las obras de la Autovía 2 y Ruta Interbalnearia 11 fueron ‘recontra’ pagadas a través de subsidios millonarios que entregó la gestión del ex gobernador Eduardo Duhalde, y las tarifas de peaje abusivas e ilegales que los usuarios viales estamos pagando desde hace más de 19 años", y que "el sistema de financiamiento vial implementado en la década del ‘90 y actualmente vigente con cabinas de cobro en rutas abiertas nacionales y provinciales, es inconstitucional, ya que no existen caminos alternativos libres de pago". "Es ilegal porque las tarifas que se cobran no cumplen con lo expresamente establecido en la Leyes 17.520 y 9.254; es antieconómico por la baja densidad de tránsito promedio lo que hace que gran parte de lo recaudado se destine a la instalación de las garitas, su mantenimiento y administración, sin llegar plata al camino para las obras necesarias; es injusto y discriminatorio, ya que al tratarse de rutas abiertas, algunos pagan y otros no", fundamentaron.

En tanto, rechazaron "enérgicamente" la conformación de un Organismo de Control de Concesiones Viales en la Provincia de Buenos Aires (OCCOVBA), "claramente burocrático e insuficiente, similar al nefasto Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a nivel nacional", al tiempo que propusieron la implementación de "un verdadero Proyecto Vial Nacional que contemple toda la red caminera de nuestro país, a través de un sistema de peaje indirecto o en la sombra, mediante la reasignación de parte de los $ 12.000 millones anuales que recauda el Estado Nacional en concepto de fondos viales y que con tanto esfuerzo aportan los usuarios viales cada vez que cargan combustibles".

En otro párrafo, desde la entidad manifestaron la necesidad de "rejerarquizar" la actividad de la Dirección Nacional de Vialidad, "reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de las rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el Organismo Rector de la Polí­tica Vial Nacional y Provincial, recuperando así las funciones propias cedidas a otros organismos".

Y reclamaron que se convoque "en forma urgente", a una Audiencia Pública vinculante, con la finalidad de que los usuarios viales "puedan expresar sus reclamos y proponer alternativas ante un proyecto tan escandaloso como el que pretende poner en práctica el Gobierno de la provincia de Buenos Aires".

"Exhortamos al Gobierno provincial y a sus representantes a no cometer el mismo error de administraciones anteriores, y revea la decisión de continuar con una polí­tica vial que incluya el sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta. Para lograr una importante reducción del número de accidentes de tránsito en las rutas nacionales y provinciales, no sólo basta con poner en práctica un programa serio de educación vial y efectivos controles en los caminos de nuestro país, sino también implementar un verdadero proyecto vial nacional que contemple toda la red caminera con las obras de infraestructura necesarias en todas las rutas del territorio argentino a través de los métodos adecuados de financiamiento", sentenciaron.

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