El IPV asegura que se pondrá "firme" con los adjudicatarios incumplidores

La presidenta del Instituto Provincial de Viviendas (IPV), Adriana Krumphlz, firmó una resolución que busca ponerle fin a las irregularidades que ya son moneda corriente luego de la entrega de las casas:
Adjudicatarios que no las ocupan, que las venden sin autorización del organismo y la falta de pago de las cuotas de cancelación.

Mediante la resolución nº 26, publicada ayer en el Boletín Oficial, quedó derogada la reglamentaria nº 3 de 1993, que establecía el marco normativo para la adjudicación de viviendas. Con la nueva resolución, el IPV pretende clarificar los motivos que pueden llevar a la desadjudicación de las viviendas, incorporar nuevas reglas de juego, y utilizarla como excusa para "ponernos más firmes" en el seguimiento y sanciones ante los incumplimientos de los adjudicatarios.

Así se lo manifestó a Nuevo Diario la coordinadora Ejecutiva del organismo, Graciela Pinal de Cid, quien reconoció que el IPV venía siendo "laxo" frente a las irregularidades. La resolución nº 26 amplía de 3 a 5 años la obligación de habitar la vivienda otorgada bajo amenaza de desadjudicación; agrega el "ocultamiento" de datos a los motivos de pérdida de vivienda (antes sólo se penaba el "falseamiento");y le exige a aquellos que quieran vender la vivienda que le adjudicaron a pagar el saldo total de la casa. "Si vas a lucrar, dame plata para poder seguir construyendo casas", argumentó al funcionaria.

Pero además, añade la posibilidad de cambiar de la figura de la adjudicación a la del comodato para aquellos que no estén en condiciones de afrontar las cuotas para la cancelación de la casa, como paso previo para empezar a revocar la entrega de las viviendas cuyos beneficiarios hayan dejado de pagar 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas. Pinal de Cid reconoce que el IPV jamás desadjudicó una casa por la falta del pago de las cuotas.

Pero la norma va más allá: ante la proliferación de personas inscriptas en el organismo que toman viviendas no habitadas con el fin de que se las adjudiquen, la resolución establece que este hecho será motivo para la desinscripción del usurpador.

Regalo. Para la funcionaria, a raíz de la falta de control, la gente se ha acostumbrado a tomar la adjudicación de una vivienda como "un regalo". "La gente piensa que se sacó la lotería y puede disponer de las casas como quieran". De hecho, los informes de la Oficina de Seguimiento creada a fines del año pasado dan cuenta de un "alto porcentaje de irregularidades".

Ante esta situación, las autoridades del IPV han decidido avanzar con dos sistemas que ya están en vigencia: un registro de denunciantes que motiva a los inscriptos a delatar a los incumplidores a cambio de tener prioridad en la adjudicación de la vivienda una vez que es recuperada; y un plan de regularización de deudas que permite pagar el saldo adeudado al final del plan sin abonar intereses ni mora alguna, a cambio del pago de las últimas 6 cuotas del pasivo.

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