Exponerle la situación de la laguna sanitariaLa idea de los ambientalistas es exponer ante el intendente todas las falencias e irregularidades que detectaron en el proceso de tratamiento de los efluentes cloacales de la ciudad e inmediatamente después informar lo mismo a la ciudadanía mediante una conferencia de prensa.

“Es preocupante la situación que atraviesa la planta de tratamientos de efluentes cloacales. Por eso sólo queremos hablar con el intendente, no con segundas o terceras líneas que pueden hacerle llegar el mensaje tergiversado”, sostuvieron los ambientalistas.La 14ava Marcha al Puente General San Martín, con fecha confirmadaSerá el domingo 29 de abril. El tradicional abrazo al río Uruguay, en defensa del medio ambiente y en rechazo a la presencia de Botnia (UPM) en la cuenca del río se realizará bajo la consigna “¡Sin contaminación! ¡Por gurises sanos y felices!”.Leé tambiénGualeguaychú volverá a abrazar al río UruguayEste año la marcha se da en un marco muy especial: hace exactamente un mes se supo que Uruguay multó con 500 unidades reajustables (unos 533.500 pesos uruguayos o más de 382 mil pesos argentinos) a la planta de celulosa que la compañía finlandesa UPM tiene sobre el Río Uruguay, en Fray Bentos, por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido.

Esto marcó un hecho sin precedentes desde que la pastera se puso en funcionamiento hace una década atrás: por primera vez el vecino país admitió de manera oficial que UPM (ex Botnia) contamina, una prueba fundamental para demostrar todo lo denunciado por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.

La sentencia dictada por la Corte Internacional de La Haya en 2010 afirmaba que había un aumento de contaminación en el Río Uruguay, pero que no se podía determinar el origen de la misma. “Con el pago y la emisión de la multa, Botnia y el gobierno de Uruguay reconocen que la pastera contamina. Esperemos que se haga, a través del gobierno nacional, la actualización de la denuncia en la Corte Internacional de La Haya como corresponde”, había informado el asambleísta Martín Alazard, al conocerse la sanción.

“Es el camino que la propia Corte de La Haya nos planteó: colecten pruebas, y una vez que las tengan, obviamente tras un sinfín de cuestiones económicas y políticas, avancen a una posible instancia”, había afirmado por su parte en esa ocasión Andrés Sobredo, abogado de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.