Luego de que la Comuna anunciara este fin de semana la intimación para las 28 exportadoras que adeudan unos 200 millones de pesos en el concepto del uso de la red vial por el paso de la carga en el ejido urbano de Quequén, desde el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Rojas hizo un señalamiento al respecto del reclamo.

"Creo que se ha realizado de una manera incorrecta, creo que este es un manotazo de ahogado del intendente municipal, que tiene que ver un poco con el resultado electoral", lanzó Rojas en declaraciones al canal de televisión local TSN. "El resultado ha sido contundente y sabe que le quedan pocos días para finalizar su mandato", agregó.

"Lo que le pedimos es responsabilidad, lo que le pedimos es que no siga incrementando la deuda, que no siga incorporando personal", indicó y agregó que "sabemos que hay muchos amigos y familiares de los actuales funcionarios que están intentando acomodarse y le pedimos que haga las cosas bien, que en este tramo de trancisión que tenemos hasta el 10 de diciembre no nos deje una deuda más como la que ahora se avizora ya que está todo muy mal planteado y es una lástima".

"Le pedimos por sobre todas las cosas responsabilidad", remarcó el funcionario portuario.

Sobre la corrección del procedimiento indicó que "a todas luces está mal planteado desde el inicio".

"¿A ustedes no les llama la atención que un día antes de las elecciones del año 2017 hizo la intimación (el 11 de agosto del 2017), después durante dos años no hizo nada al respecto y hoy, un día después de las elecciones con el resultado electoral arriba de la mesa sale de manera desesperada y a las apuradas con una actitud temeraria a realizar intimaciones que obviamente se van a volver en contra y lamentablemente, cuando se vuelve en contra en un juicio, lo termina pagando toda la ciudadanía", cuestionó.

Este lunes, como reacción al anuncio de la Comuna la Cámara de Exportadores de Cereales lanzó un comunicado rechazando la situación y anunciando que podría iniciar acciones legales sobre los funcionarios implicados en el intento de cobro de la tasa, derogada en 2017.