ARSENIO MENDOZA CELEBRO EL DECRETO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL QUE PONE TOPE AL HORARIO DE CIERRE DE BARES NOCTURNOS

El ex Defensor del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Arsenio Mendoza, brindó su opinión sobre el decreto 1754 del Ejecutivo Municipal y sobre la decisión de los propietarios de bares nocturnos de presentar un amparo judicial para impedir que se los obligue a cerrar a las 2 de la mañana
Según señaló a APF, “cualquier decisión o valoración judicial sobre la constitucionalidad del decreto no solo debe contemplar los derechos a trabajar y a la igualdad que esgrimen los comerciantes de la noche, sino también los mismos derechos que igualmente alcanzan a los vecinos afectados por las molestias y transgresiones que producen”.

La respuesta de Mendoza vino después que esta Agencia publicara la decisión de los propietarios de bares nocturnos de presentar, entre mañana y el martes, un amparo judicial para impedir que se los obligue a cerrar a las 2 de la mañana.

El ex funcionario judicial, dijo al respecto que “cualquier decisión o valoración judicial sobre la constitucionalidad del Decreto 1754 no solo debe contemplar los derechos a trabajar y a la igualdad que esgrimen los comerciantes de la noche, sino también los mismos derechos que igualmente alcanzan a los vecinos afectados por las molestias y transgresiones que producen los comerciantes de la noche, por eso debe tenerse presente que la sentencia que se dicta en un amparo es cautelar y no causa estado, salvo que se integre debidamente el juicio incorporando al debate a los vecinos con legítimos derechos afectados, con lo que se puede llegar a desnaturalizar el tipo de proceso”.

Mendoza entiende que “los vecinos afectados tienen derecho a descansar para poder trabajar en debida forma y vivir en igualdad de condiciones con los otros vecinos no afectados. También tienen derecho a la vida privada y en familia, perturbados por esa actividad nocturna que de ninguna manera puede encuadrarse en su totalidad como esparcimiento”.

Por ese motivo celebró “la sanción de una norma que define políticas públicas coherentes con los fines del Estado y los objetivos de la sociedad, lo que cae dentro de la esfera de la discrecionalidad política del propio Estado, y es ajeno a la judicialización ya que no se enmienda mediante acciones judiciales si no con los cambios producidos en los concursos electorales”. (APF.Digital)

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