Un aporte anual del Estado de unos 60 millones requiere ARSA para "funcionar y cumplir con obras de contingencia" para el servicio de agua y cloacas de Río Negro.

En esa sociedad se explica el permanente financiamiento provincial a partir de la "condición de bien social" del servicio, destacando el subsidio a más 12.300 cuentas porque "se tratan de usuarios de bajos recursos". Esa cobertura puede llegar a la totalidad de la tarifa.

El presidente de ARSA, Roger García –que asumió en noviembre–, explicó que "se evalúa el funcionamiento y se ingresará en un proceso de cambio", considerando que los problemas "se están superando con eficacia".

Consideró dos niveles de dificultades: la falta de inversión –por ejemplo, en la renovación o construcciones de redes– pero también admitió "la existencia de desidia", detallando que "con poco se puede mejorar". Ejemplificó con Roca donde en "la cisterna no había luz y no es un problema económico" y, además, "tres de sus doce filtros no funcionaron nunca".

Habló de un registro de "obras de contingencia" y resaltó los inconvenientes por los cortes eléctricos, aceptando la imposibilidad de comprar y disponer "equipos electrógenos en todas las ciudades".

García precisó las funciones entre los organismos públicos. "ARSA hace potabilización, distribución y mantenimiento mientras las inversiones corresponde al DPA, todo coordinado ahora por el Ministerio de Obras Públicas", explicó.

García considero que la empresa debe tener como prioridad sostener el funcionamiento y además planificar las obras de desarrollo de las ciudades. Detalló la desinversión actual y contó que no hay bombas de recambio. "Se rompió recientemente una en Cinco Saltos y tuvimos que llevarla de San Antonio", ejemplificó.

En referencia a los ingresos, estimó que la cobrabilidad ronda el 50%, lo cual sólo permite afrontar los salarios. Defendió la planta de agentes, incluso narró "limitantes de personal en ciertas localidades, como Pilcaniyeu o Ñorquinco". Concluyó que ARSA requiere mensualmente unos cinco millones para "contingencias y para funcionar". Representaría unos 60 millones anuales.

Estos aportes conforman el debate pendiente en el gabinete, especialmente entre los ministros Alejandro Palmieri (Economía) y Fernando Vaca Narvaja (Obras Públicas). La cuestión comprende a las sociedades estatales, como también el Tren Patagónico. En su análisis, el presidente de ARSA entendió que esos "servicios están subsidiados porque es un bien social", explicando que "la tarifa está retrasada y prácticamente tendría que ser el doble".

Expresó que "se tienen que cuidar los recursos", detallando que se están pagando "vehículos, comprados hace dos o tres años por leasing, por lo cual se paga dos veces cuando los subsidios del Estado tiene que ir caños", a inversiones de infraestructura. "Se trata de una definición de la gestión", indicó.

En su reestructuración, García aceptó que la sociedad debe participar más en obras por administración, lo cual, "significaría no pagar esos trabajos a terceros", que significan "subcontrataciones" anuales que van de ocho a diez millones.