El juez federal de Morón Juan Pablo Salas dispuso ayer la exhumación del cadáver sepultado como NN en el Cementerio de la Chacarita que presuntamente pertenece a Luciano Arruga, el adolescente desaparecido el 31 de enero de 2009, quien –de acuerdo con la versión oficial– murió atropellado por un automovilista pocas horas después de que fuera reportada su ausencia.

Si bien del cotejo de huellas dactilares y de los registros documentales surge que el cuerpo que yace sin nombre en el camposanto porteño es el de Arruga, aún falta la confirmación del examen genético. Debido al paso del tiempo, es virtualmente imposible que el cadáver pueda ser sometido a una nueva autopsia para confirmar las causas de la muerte.

El juez Salas ordenó también ayer el secreto de sumario de la causa. "La decisión es importante porque evidencia que a la justicia no le cierra que haya sido un accidente. Además, evita filtraciones erróneas. Es un mensaje fuerte y claro que demuestra la seriedad con la que se está investigando", dijo el abogado Maximiliano Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Una de las primeras medidas que dispondrá el juez será la declaración "testimonial" del hombre que conducía el automóvil que atropelló a Arruga. Recién ayer, los abogados de las organizaciones de Derechos Humanos que acompañan a la familia pudieron acceder al expediente penal por la muerte del joven. Ahora se sabe que la causa tramitó ante el juzgado penal de instrucción número 16 de la Capital Federal, a cargo de la jueza subrogante Laura Bruniard. Del expediente, que estaba archivado, no se desprende gran cosa. El automovilista que lo atropelló fue eximido de responsabilidad porque Arruga, según se relata en la causa, apareció inesperadamente en plena madrugada, con poca luz, sobre el carril rápido de una arteria con tránsito intenso. ¿Huía de alguien? La pregunta se vuelve inevitable.

Como fuera, el conductor que embistió a Arruga declarará como "testigo": no podría ser imputado en la causa porque ya fue sobreseído y esa decisión –que lo exime de responsabilidad por la muerte– está firme desde hace más de cuatro años.

El juez Salas ya tiene en su poder la declaración que el conductor prestó horas después de ocurrido el hecho, en la madrugada del mismo día en que fue denunciada la desaparición del joven. Pero la nueva declaración es imprescindible para avanzar en la investigación.

Según aquella versión inicial, Luciano Arruga apareció sorpresivamente sobre el carril rápido de una arteria de circulación intensa y a alta velocidad permitida. El conductor no pudo evitar el impacto y el adolescente murió como consecuencia de las heridas que sufrió en el cuerpo y la cabeza, según consigna el informe forense.

"Nosotros somos de la zona, hay un puente para cruzar, sabemos los riesgos. ¿Mirá si Luciano iba a cruzar por ahí?", advirtió la hermana de la víctima, Vanesa Orieta.

Para la familia de Arruga, la historia oficial no cierra. "Nadie explica por qué Luciano estaba en el lugar donde supuestamente lo atropellaron, qué hacía allí, cómo llegó. Está probado que horas antes estuvo en un destacamento de la Policía Bonaerense. El ya había sido detenido ilegalmente, torturado. No vamos a parar hasta saber la verdad", prometió Orieta.

Otra de las primeras medidas de prueba será analizar el informe de la autopsia. "Vamos a ver qué dice, pero de todas formas es una prueba que desde ya objetamos, porque no pudimos controlarla. Se hizo sobre un NN, cuando nosotros estábamos buscando a Luciano. Eso es, de por sí, una enorme irregularidad", explicó el abogado del CELS Juan Manuel Combi, que representa a la familia del adolescente.

La hipótesis de un caso de violencia policial (uniformados de La Bonaerense presionaron a Arruga, un joven pobre y vulnerable, para que cometiera asaltos para ellos) nunca fue descartada. "Están enviando un mensaje que indica que se terminó la investigación sobre lo que le ocurrió a Luciano, y en realidad apenas está empezando", alertó Combi. Efectivos de La Bonaerense fueron apartados de sus cargos, dos fueron condenados por "encubrimiento" por una detención de Arruga un año antes de su desaparición (por ese episodio quedaron registradas sus huellas, lo que permitió determinar dónde estaba sepultado del cadáver) y en febrero próximo está previsto un juicio oral contra un uniformado acusado de haberlo torturado en una comisaría.

Más allá de la repercusión, y las consecuencia judiciales que depare el hallazgo del cadáver, la situación parece destinada a causar un efecto positivo a futuro. Desde la Procuración General de la Nación y desde los organismos defensores de los Derechos Humanos que intervienen en el caso habrá un nuevo impulso para la creación de un Registro Nacional de NN, que permita unir dos puntas de un mismo hilo: la persona denunciada como desaparecida y el cadáver no identificado en una morgue de cualquier punto del país. Una tarea que parece sencilla, pero que en el caso de Arruga demoró cinco años y ocho meses. «